Hay dos cosas claras en
este momento de crisis que nos atenaza a todos: España es un Estado social
democrático y de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo:
1.”España es un Estado
democrático y de derecho que propugna
como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (Art. 1,1),
“debiendo regular las condiciones
básicas que garanticen esa igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos” (Art. 149, 1ª) y “el
derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia” (Art.
35, 1)
2.” La soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado” (Art. 1,2).
La convivencia ciudadana tiene como base
y sujeto el bien y derechos de todos, y
asegurar ese logro es objetivo primordial
del Gobierno. Es muy significativo que la Constitución reafirme que “Toda la
riqueza del pais en sus distintas formas y fuera cual fuere su tiutularidad
está subordinada al interés general” (Art.128,1), “a fin de equiparar el nivel
de vida de todos los españoles” (Art. 130, 1), y “estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y
su más justa distribución” (Art. 131,
1).
No se trata, por tanto, de una política
sin rumbo u orientada a asegurar
intereses de sectores particulares, con merma o menosprecio de los
intereses de otros, menos favorecidos. El momento actual requiere
una aplicación concreta de los principios de la Constitución que
garantice bienes que pertenecen a todos y que son reconocidos como derechos
(derecho al alimento, vivienda,
vestido, educación, atención en tiempos de vulnerabilidad, libertad de
expresarse, de formar su conciencia y orientar personalmente su vida), a
diferencia de otros bienes que pueden ser gratuitos. Es ésta misión y responsabilidad de un Estado
democrático y de derecho, llamado Estado del Bienestar, que gobierna en nombre del pueblo y para el pueblo.
Ningún Gobierno democrático y de derecho
puede hacer política de espaldas a estos bienes-derechos de todos, y de
los que suelen carecer los más deprimidos y necesitados.
Sabemos la cantidad de problemas que la política del Gobierno está creando con el paro, los
recortes en la vida laboral y otros
aspectos de la vida social, repercutiendo negativamente en sectores populares de mayor pobreza y
marginación.
En España, se da el caso de los desahucios que
se llevan cabo con crueldad inaudita, aduciendo cumplir la ley y con aparente
legitimidad de la fuerza pública. Se hace así veraz el dicho de que “Supremo
derecho, suprema injuria”. En Noruega, por
ejemplo, se dan desahucios, pero el Gobierno no deja tirados en la calle a personas o familias
por esta razón, sino que les da una
solución adecuada, no tolerando
la inhumanidad que supone semejante acción.
Existe
y es universalmente reconocido el derecho a la propiedad, pero hay que admitir
las situaciones en que ese derecho entra en conflicto con derechos prioritarios
de justicia de los ciudadanos. Y que
haya iniciativas ciudadanas para asegurar el cumplimiento de esos derechos
cuando el Gobierno no los garantiza según le incumbre por Constitución,
entonces tales iniciativas no pueden ser reprobadas como inmorales sino
encomiadas por su significado solidario
y por ser denuncia de una política extraviada del Gobierno. Extraviada
por varias razones:
-Porque
su razón de ser, si es fiel a la delegación del pueblo, está en garantizar los
derechos de esa gente apurada o angustiada a pesar de su esfuerzo, de su
carencia o precariedad de trabajo y sus
posibilidades estrujadas de pago. Un Estado de Derecho, y su Poder Ejecutivo,
deben mirar en esas situaciones al conjunto de la sociedad, a los actores que
han intervenido en la escena política provocando la crisis con sueldos y
enriquecimientos escandalosos, extraer de ellos lo que
han robado al pueblo, aplicarles la ley
con justicia y no dejarlos campar en su opulencia mientras otros son castigados
injustamente con inmerecida pobreza .
-Porque
lo que a un Gobierno le debe preocupar es que se respeten los derechos de todos
y, si se trata de derechos básicos,
éstos son prioritarios a otros. El pago de la Deuda pública no se puede
imponer al pueblo, sin antes explicarle
quiénes han provocado esa deuda, si es fruto de una irresponsabildiad colectiva
ciudadana y en qué medida o lo es de una actividad financiera especuladora,
interna y externa, que la hace ilegítima
e inmoral y, por tanto, impagable.
-
Porque el fín perseguido, es decir, el pago de la deuda no justifica muchos de
los medios adoptados, que atentan contra
derechos de justicia de los ciudadanos y que sus gobernantes deben garantizar
por encima de otros intereses o finalidades. Hay dinero y los presupuestos del
Estado deben atender, en primer lugar, a
salvaguardar esos derechos, aplicando
recortes e impuestos allí donde
el dinero sobra o se dedica a obras, actividades y finalidades menos
necesarias, toleradas en todo caso tras
el cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos. Se trata, como dice nuestra
Constitución, de “ equiparar el nivel de
vida de los españoles y hacer más justa la distribución de la riqueza”.
Si
el Gobierno se aparta de estas directrices y dedica los presupuestos a necesidades o finalidades menos prioritarias
de las requeridas por los derechos de justicia de los ciudadanos, los ciudadanos podrán no obedecer sin que
haya fallo moral ni, en consecuencia, delito ni pena: “Nulla est poena sine
delito”.
En
todo caso, es desde esta fidelidad a la dignidad y derechos de justicia de la
ciudadanía, que el Gobierno debe dictar su planificación económica y política,
sin eludir el conflicto al que le puede llevar esta su soberana y
“democrática” autonomía con otros poderes o instancias de la Unión
Europea. Hasta el momento, está
demostrado que en España el requerimiento del pago de la deuda no se ha hecho
con la colaboración de quienes más tienen y pueden sino con la de personas
y sectores que vienen viviendo con un
nivel de vida mucho más bajo y sin saber a ciencia cierta, quién impone la deuda, si es justa la cuantía que se nos impone por
la troiika europea y a dónde va a
parar el pago y quién se beneficia de la misma.
Nuestro Estado es un Estado Democrático y
de Derecho y tiene bien marcadas las
directrices a seguir cuando de reformas, recortes y otras medidas se trata y tiene más que fundamentada y justificada una política que procure
de verdad una mayor igualdad y justicia, con beneficio de una mayor cohesión, solidaridad y equilibrio
de la sociedad. A mayor cuota de igualdad y justicia, mayor cuota de bienestar y progreso.
.Me complace acompañar mi artículo con unas palabras
en El País (14-08-12), de Miguel Angel Moratinos y Yayo Herrero.
MORATINOS: “¿Quién gobierna nuestro
Estado los mercados o los representantes democráticamente elegidos? Todas las
decisiones hechas para tranquilizar a los mercados han resultado erróneas y
contraproducentes. En lugar de calmarlos, han aumentado su voracidad. La
totalidad de estamentos políticos occidentales comparten sólo la angustia de
observar cómo evolucionan esos
mercados y asisten impotentes a la mano invisible , que decide sobre la
economía real de forma rápida, imprevisible y antidemocrática. Tienen el poder
de acabar con todo un sistema político,
social y económico de convivencia democrática
que ha tardado décadas en configurarse con sangre, sudor y lágrimas de millones de ciudadanos. Estamos en una guerra desigual que debe ganar
la política. La política no puede abdicar de sus responsabilidades y capacidad de influencia en mercados
que no funcionan o van en contra
de los intereses últimos de la ciudadanía. Este reto político diferencia a los progresistas de los liberales y
conservadores. Es tiempo de una política más audaz y más eficaz”.
YAYO: “Vivimos una especie de golpe de Estado global. No
sabemos quiénes toman las decisiones. Al poder económico, la gente le importa un carajo. Es absolutamente legítima la
desobediencia civil y pacífica. La
recuperación de la política en la calle es una condición necesaria para dar la vuelta a las cosas”.
(Benjamín Forcano. Teólogo y sacerdote ex-claretiano expulsado de su orden a instancias del Vaticano)
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