La función pública: incentivos y despidos.

Es difícil debatir sobre la función pública en este contexto de crisis y recesión económica, pues la demagogia vence cualquier debate. Hoy son muchos los que miran a los funcionarios con malos ojos, pero son los mismos que no pensaban en los ínfimos sueldos de éstos cuando las cosas iban bien.

Con esto quiero decir que el debate acerca de la función pública debiera hacerse huyendo de contextos de crisis o de bonanza económica.

Es fácil que la sociedad, que en su mayoría está sufriendo los efectos de esta odiosa crisis, esté absolutamente de acuerdo con el señor Isak Andik cuando propugna que sea posible despedir al empleado público y que su sueldo sea variable en función de la productividad. Como cualquier otro trabajador, añade. De hecho ambas cosas ocurren en nuestro país: es posible despedir empleados públicos y muhos cobran compementos de productividad.

Claro, que yo podría proponer, de hecho lo propongo, que el señor Andik participara con sus impuestos en la misma medida que los asalariados de este país. Este señor, que tiene un capital valorado en 1.200 millones de euros, paga de impuestos un porcentaje menor de sus beneficios que cualquier mileurista de sus ingresos. Así que si hay que arrimar el hombro, bueno sería que se pusieran delante quienes más anchos los tienen. Y esta propuesta, que en un contexto de crisis puede ser demagógica, tendría muchos seguidores. ¿No?

Pero hablemos del despido de funcionarios y de sus incentivos. Antes hay que recordar que hay muchos tipos de funcionarios o empleados público: los hay de carrera (que han ganado su plaza en una oposición), los hay interinos (que ocupan una plaza vacante), sustitutos, laborales, a tiempo completo, a tiempo parcial... y también los hay que son cargos de libre designación.

También conviene aclarar que la menor parte del funcionario trabaja en una ventanilla de cara al público. Casi todos los funcionarios son profesores, médicos, enfermeros, policias, soldados, bomberos,...

El funcionario es un empleado especial porque su empresa lo es. Es propiedad (la empresa) del estado, de la autonomía, de la diputación, del ayuntamiento... Es decir, de todos y de nadie.

Si queremos que sea así, de todos y de nadie, el empleado público debe ser independiente del poder. Es decir, a la sociedad no le interesa que el empleado público pueda ser despedido arbitrariamente por el político de turno, pues esto le daría a su partido el control absoluto de toda la maquinaria del estado. Por eso es fundamental la estabilidad del puesto de trabajo público. En todos los países que conozco la libertad e independencia del sistema público se garantizan con la estabilidad del funcionariado.

En la misma línea va lo de los incentivos. Si permitimos que los políticos o, peor, empresarios como el señor Andik, decidan arbitrariamente pagar más a los funcionarios según su productividad, nos podemos encontrar con que el sistema se vicie en contra del ciudadano. Por ejemplo, a ojos de alguien puede parecer productivo que los médicos no curen enfermos a partir de 70 años; algunos empresarios pueden pensar que es productivo que los inspectores laborales no inspeccionen sus empresas; al gobierno puede parecerle productivo que los funcionaros del INE hagan encuestas favorables a su partido... De hecho hay autonomías (esto no es una suposición) donde se incentiva a los médicos de familia que dan pocas bajas laborales. Es decir, que al igual que el miedo al despido pervierte la función de la administración, pues pone a toda la función pública al servicio del patrón (el político que ha ganado las elecciones), una elección arbitraria de los incentivos puede también pervetir la deseable función del empleado público.

Por supuesto, en este país hay muchas cosas que hablar y que mejorar acerca de la productividad y la efectividad del empleado público, pero en un contexto de crisis se simplifica demagógicamente el debate, que es justo lo que interesa a quienes defienden la inexistencia del sector público.