Paramilitarismo en Colombia

La tragedia de la mayoría de las víctimas colombianas tiene su origen en un modelo de Estado que han ido diseñando, con una maquiavélica compenetración, las dos grandes élites dominantes. Por un lado, las fuerzas militares, cegadas por un anticomunismo visceral que les lleva a equiparar cualquier protesta social con subversión y, a su lado, los poderosos terratenientes, ganaderos e industriales, acostumbrados a gozar de sus privilegios sin límites y sin ninguna intención de renunciar a ellos. Ambos conforman lo que en Colombia se denomina el “establecimiento”, es decir, quienes realmente ejercen el control político, económico y social. Para conservarlo crearon escuadrones de la muerte, que con el tiempo se constituyeron en auténticos ejércitos privados, financiados por el narcotráfico y conocidos como paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan a los paramilitares de haber cometido, desde mediados del siglo pasado, más de 40.000 crímenes. Una cifra aterradora como lo es también el modo en que acaban con sus víctimas, en muchos casos descuartizándolas con motosierras para hacer desaparecer sus cadáveres.

En 2002, el presidente Álvaro Uribe inició la negociación con los paramilitares que incluyó la promulgación de la llamada Ley de Justicia y Paz, cuyo teórico objetivo es la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley (paramilitares), garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Sin embargo, Naciones Unidas y otros organismos internacionales consideran que esta norma conduce a la impunidad, porque no garantiza los derechos de las víctimas y sólo contempla penas de un máximo de 8 años de cárcel para los acusados de crímenes de lesa humanidad.

Supuestamente, el proceso de paz ha facilitado que más de 30.000 paramilitares dejen las armas. Pero se ha comprobado que más que una desmovilización ha sido un reciclaje: gran parte de los desmovilizados se han integrado en nuevas bandas –existen 80 grupos de exparamilitares- que siguen controlando los bienes que usurparon a sus víctimas y actúan, en complicidad con el Ejército, contra quienes cuestionan el poder establecido. Desde que anunciaron su desmovilización hasta 2005, los paramilitares han asesinado o hecho desaparecer como mínimo a 2.750 personas.