Resistencia civil frente a la guerra

Las continuas agresiones contra las comunidades de campesinos, afrodescendientes e indígenas de Colombia han sido respondidas por las propias víctimas con formas de organización que les permiten mantenerse en sus territorios sin verse envueltas en el conflicto armado. Ante la falta de respuesta del Estado o por la propia implicación de funcionarios públicos en los ataques, algunas comunidades han emprendido procesos de resistencia civil frente a la guerra, que cuentan con el respaldo de instituciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Se han declarado al margen del conflicto adoptando distintos modos de organización (comunidades de paz, comunidades de autodeterminación, zonas humanitarias, etc.), pero con un elemento esencial común: su rotunda negativa a colaborar con los combatientes tanto legales (Ejército) como ilegales (paramilitares y guerrillas).

Los miembros de estas comunidades se niegan a llevar armas, a proporcionar información o apoyo logístico a los armados y no quieren que ninguna de las partes en el conflicto cruce los límites de su territorio. Esta posición de neutralidad frente a la guerra –no ante las violaciones de sus derechos o ante la responsabilidad estatal en las causas y consecuencias del conflicto, que denuncian constantemente- ha sido elogiada por la comunidad internacional ya que representa una alternativa de la población civil frente al modelo imperante de “estás conmigo o contra mí”.

Han sufrido ataques de la guerrilla, porque temen perder apoyo popular y logístico, pero sobretodo se han convertido en un mal ejemplo para la política estatal de “seguridad democrática”, que se fundamenta en la negación del conflicto y exige la implicación de todos en la lucha contra el terrorismo. Con el pretexto de que ninguna parte de Colombia puede estar vedada al Ejército, se ha puesto en marcha un plan estatal de cercamiento de estas comunidades para que acepten colaborar con el Ejército o se deshagan. Las presiones abarcan desde detenciones arbitrarias y procesos judiciales infundados hasta asesinatos.

Uno de los crímenes colectivos contra una de estas comunidades ocurrió el 21 de Febrero de 2005 en la comunidad de San José de Apartado. Ese día, numerosos testigos afirman que el Ejército torturó y ejecutó salvajemente a ocho miembros de la comunidad, entre ellos tres niños.