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Como es sabido, la Fundación Everis (vinculada a una consultora multinacional) ha realizado un informe titulado "Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro. Una visión optimista pero contundente de la Sociedad Civil española", que ha sido presentado al Rey por un grupo de cincuenta grandes empresarios y otros tantos "expertos temáticos".
A mí me parece un informe valioso, sobre todo, porque permite conocer lo que una parte tan decisiva de la sociedad piensa y porque en él, aunque sea entre líneas demasiadas veces, se presenta el horizonte hacia donde quieren conducir a España quienes en este momento tienen poder suficiente como para conseguir que lleguemos a donde se ellos se proponen.
Además, contiene reflexiones que creo que son acertadas, no todas como señalaré enseguida, y plantea retos que, los señale Agamenón o su porquero y con independencia de la forma o el lenguaje con que se expresen, son ineludibles.
Así, me parece importante poner sobre la mesa el debate sobre la situación en la que está el país (o mejor dicho, sobre cómo creemos los diferentes individuos o colectivos sociales que está) y, sobre todo, el de qué podemos hacer entre todos para procurar que mejore. Y me parece que no hay que tener miedo a plantear, como hace este informe, que hay que repensarlo globalmente o incluso refundarlo y enfrentarnos a la falta de "coherencia integral" que puede estar afectándonos. Y creo también que debe ser bienvenida la propuesta de ahondar sin miedo en la situación a la que hemos llegado especialmente en lo referido a la situación de nuestro sistema político y de decisión colectiva, de nuestra administración territorial, o de nuestro sistema educativo y de generación y distribución del talento.
Sin embargo, y aunque en este texto no puedo ni siquiera intentar analizar mínimamente todos sus análisis y propuestas, me parece que el informe tiene grandes defectos y lagunas que conviene poner de manifiesto, con independencia del grado de acuerdo que conciten sus propuestas normativas.
Se dice en el documento que para elaborarlo se consideró "esencial" la representatividad de las personas consultadas y que para ello "se ha elegido a personas de diferentes regiones, ámbitos de actividad, sensibilidades políticas, generaciones y sexos". Pero basta echar una ojeada al listado para comprobar que no ha sido así, que se trata de un grupo de grandes empresarios y expertos temáticos de gran valía y relevancia, eso sí, pero muy poco o nada representativos: entre una mayoría de hombres solo se incluyen cuatro mujeres empresarias y una experta y es fácil comprobar que las personas y analistas con las que se ha contado pertenecen a un espectro ideológico que de ninguna manera se puede decir que refleje todas las opiniones sociales.
Esto es muy significativo. Se puede entender que los ideólogos solo se lean entre ellos y que desprecien el pensamiento que contradice sus opiniones. Pero cabría suponer que eso no ocurriera cuando se trata de empresarios que se juegan su dinero y su trayectoria y a los que teóricamente les debiera importar bastante conocer lo que realmente está pasando y no solo lo que responde a prejuicios ideológicos. Lo que permite sospechar que la muestra de empresarios elegidos tampoco es muy representativa de la clase empresarial en su conjunto: su ideologización más bien indica que se trata de empresarios con gran poder de mercado y que no compiten a pie de obra, que no necesitan conocer bien la realidad para someterse a ella sino que disponen de resortes para que ésta se acomode a sus intereses.
En general, el informe está escrito a partir de conceptos (como el de valor/país) bastante inmaduros y polivalentes que carecen del rigor necesario para poder deducir de ellos estrategias sociales bien definidas, lo que lleva a formulaciones, a veces, francamente pobres: "La gestión excelente de la marca-país pasa por la creación y consolidación en España de una nueva competencia público-privada integral de relaciones públicas para la puesta en valor de la imagen de marca del país, coordinando y sumando a todos los eslabones y palancas del sistema, y produciendo una mezcla española exclusiva y armoniosa de ingredientes geoestratégicos, socioculturales, económico-financieros y políticos".
El informe tiene también un presupuesto a mi juicio inadecuado y que posiblemente deriva de creer que un país se puede entender, analizar y gobernar como una empresa, y que consiste en considerar que el eje a través del que hay que contemplarlo es el de la generación de valor.
Aunque esto pueda parecer una cuestión baladí, por sutil y filosófica, es importante porque convierte a las variables en constantes y lleva a presentar como objetivo o permanente lo que es normativo o fruto de una coyuntura.
Así, en el informe se dice que "la magnitud del impacto de la crisis en España es simple y llanamente el resultado del alejamiento creciente entre el Modelo Productivo existente en el país y el Modelo Productivo objetivo que debería haberse adoptado" (subrayado mío). Y, en otro momento, las condiciones en las que hoy día se operan en los mercados o en la vida social se entienden como "reglas de juego" que no puedan cambiarse.
Esa concepción de la sociedad o incluso de los mercados, como un marco que produce el "milagro" cuando los agentes simplemente se adaptan a las condiciones marcadas, lleva a juicios increíblemente ingenuos o quizá sencillamente hueros: "Cuando el modelo-país está alineado con las reglas de juego del entorno global, y se movilizan adecuadamente los vectores de crecimiento y competitividad sostenible desde una perspectiva social, empresarial y financiera, el desarrollo resultante tiene potencial de “milagro” socioeconómico".
Pero los contenidos más ideologizados del documento son los que se refieren, como no es casual, a las cuestiones que tienen que ver con el reparto de derechos y poderes y que se concretan en lo relativo a cuatro grandes cuestiones.
La primera es la redefinición del Ciudadano para ajustarlo a una simple óptica de modelo productivo.
La segunda se refiere al Estado de Bienestar, un asunto que se resuelve por el expediente de reclamar que debe ser "responsable" porque, según se afirma en una de las frases más antológicas del informe: "El debate no está en tener más o menos derechos, o en disponer de derechos más o menos universales. Este debate es estéril y generador de fracturas sociales innecesarias". Una cuestión efectivamente baladí para...¡quien tiene todos los derechos! en este campo gracias a su riqueza y quien se puede permitir escribir que "hay que ganarse el derecho a ser consumidor".
La tercera es la manera en que se aborda el problema de la sostenibilidad. En lugar de considerarse como el imperativo absoluto que debería marcar nuestra modernidad, un imperativo económico porque prácticamente vivimos y producimos sin tomar en cuenta la producción de residuos y el daño ambiental, y ético porque no puede ser otro el principio que debiera guiar nuestra relación con la naturaleza, se relativiza afirmando que la sostenibilidad debe ser... sostenible. Algo más que un juego de palabras que expresa claramente el grado de compromiso del gran empresariado español con estos imperativos.
La cuarta se refiere a la polis y a su gestión, al modo de gobernar y a la forma concreta en que se puede llevar a cabo en España, un campo en el que si se lee entre líneas se puede deducir que el proyecto de los grandes empresarios españoles podría diferir incluso de lo que hoy día está establecido en la Constitución algo que, por otro lado, no tiene por qué ser inmutable pero que, cuando se pone en cuestión, debiera hacerse con bastante más nitidez y sinceridad.
Para finalizar, creo que no puede dejar de señalarse que el informe carece de la más mínima autocrítica. Pareciera que la grandes empresas y los grandes decisores a partir de cuyas opiniones se formulan las propuestas fueran simplemente observadores externos, ajenos al devenir que ha tenido España en los últimos años, o como si nada tuvieran que ver con los valores, los incentivos o el estado social en el que estamos. Se habla de la corrupción (por cierto señalando como una buena época en este sentido los años 1997-2002) o de los fallos de la administración de justicia como si fuesen algo exclusivo de la clase política y ajenos a la gran clase empresarial de la que forman parte. Se dejan caer los fallos constantes de la regulación política pero no se hace referencia al grado en que la gran empresa ha impuesto condiciones poco competitivas.
Por último, me parece que se puede señalar que el informe ni es valiente ni hace gala de la transparencia que reclama para el resto de la sociedad. Carece de las propuestas concretas que pudieran permitir que la ciudadanía valorase las consecuencias efectivas de la puesta en marcha de una estrategia social como la que propone en términos verbalmente ambiguos pero implícitamente indisimulables.
Los grandes empresarios quieren quitarse cargas de encima, les sobra política (posiblemente como a todos por culpa de la clase política que se consolidó precisamente en favor y con el apoyo de la gran empresa) y le sobra compromiso con el bienestar social, la igualdad y el medio ambiente. El documento no puede ser más claro al respecto. Y por eso las propuestas concretas que implícitamente se deducen del documento están claras: copagos, reducción de gastos sociales y de impuestos directos, redefinición del sistema político y de representación, reconsideración de la promoción del talento como bien público, redimensionamiento de las administraciones públicas territoriales, menos derechos y obligaciones y más responsabilidad autodefinida ... y, como demuestra que sus ideas se presentaran directamente al Rey, una actitud mucho más pragmática y expeditiva para que las decisiones no las tome cualquiera que pueda ser elegido por la ciudadanía sino quienes ellos crean que son los "más capaces".
A mí me parece un informe valioso, sobre todo, porque permite conocer lo que una parte tan decisiva de la sociedad piensa y porque en él, aunque sea entre líneas demasiadas veces, se presenta el horizonte hacia donde quieren conducir a España quienes en este momento tienen poder suficiente como para conseguir que lleguemos a donde se ellos se proponen.
Además, contiene reflexiones que creo que son acertadas, no todas como señalaré enseguida, y plantea retos que, los señale Agamenón o su porquero y con independencia de la forma o el lenguaje con que se expresen, son ineludibles.
Así, me parece importante poner sobre la mesa el debate sobre la situación en la que está el país (o mejor dicho, sobre cómo creemos los diferentes individuos o colectivos sociales que está) y, sobre todo, el de qué podemos hacer entre todos para procurar que mejore. Y me parece que no hay que tener miedo a plantear, como hace este informe, que hay que repensarlo globalmente o incluso refundarlo y enfrentarnos a la falta de "coherencia integral" que puede estar afectándonos. Y creo también que debe ser bienvenida la propuesta de ahondar sin miedo en la situación a la que hemos llegado especialmente en lo referido a la situación de nuestro sistema político y de decisión colectiva, de nuestra administración territorial, o de nuestro sistema educativo y de generación y distribución del talento.
Sin embargo, y aunque en este texto no puedo ni siquiera intentar analizar mínimamente todos sus análisis y propuestas, me parece que el informe tiene grandes defectos y lagunas que conviene poner de manifiesto, con independencia del grado de acuerdo que conciten sus propuestas normativas.
Se dice en el documento que para elaborarlo se consideró "esencial" la representatividad de las personas consultadas y que para ello "se ha elegido a personas de diferentes regiones, ámbitos de actividad, sensibilidades políticas, generaciones y sexos". Pero basta echar una ojeada al listado para comprobar que no ha sido así, que se trata de un grupo de grandes empresarios y expertos temáticos de gran valía y relevancia, eso sí, pero muy poco o nada representativos: entre una mayoría de hombres solo se incluyen cuatro mujeres empresarias y una experta y es fácil comprobar que las personas y analistas con las que se ha contado pertenecen a un espectro ideológico que de ninguna manera se puede decir que refleje todas las opiniones sociales.
Esto es muy significativo. Se puede entender que los ideólogos solo se lean entre ellos y que desprecien el pensamiento que contradice sus opiniones. Pero cabría suponer que eso no ocurriera cuando se trata de empresarios que se juegan su dinero y su trayectoria y a los que teóricamente les debiera importar bastante conocer lo que realmente está pasando y no solo lo que responde a prejuicios ideológicos. Lo que permite sospechar que la muestra de empresarios elegidos tampoco es muy representativa de la clase empresarial en su conjunto: su ideologización más bien indica que se trata de empresarios con gran poder de mercado y que no compiten a pie de obra, que no necesitan conocer bien la realidad para someterse a ella sino que disponen de resortes para que ésta se acomode a sus intereses.
En general, el informe está escrito a partir de conceptos (como el de valor/país) bastante inmaduros y polivalentes que carecen del rigor necesario para poder deducir de ellos estrategias sociales bien definidas, lo que lleva a formulaciones, a veces, francamente pobres: "La gestión excelente de la marca-país pasa por la creación y consolidación en España de una nueva competencia público-privada integral de relaciones públicas para la puesta en valor de la imagen de marca del país, coordinando y sumando a todos los eslabones y palancas del sistema, y produciendo una mezcla española exclusiva y armoniosa de ingredientes geoestratégicos, socioculturales, económico-financieros y políticos".
El informe tiene también un presupuesto a mi juicio inadecuado y que posiblemente deriva de creer que un país se puede entender, analizar y gobernar como una empresa, y que consiste en considerar que el eje a través del que hay que contemplarlo es el de la generación de valor.
Aunque esto pueda parecer una cuestión baladí, por sutil y filosófica, es importante porque convierte a las variables en constantes y lleva a presentar como objetivo o permanente lo que es normativo o fruto de una coyuntura.
Así, en el informe se dice que "la magnitud del impacto de la crisis en España es simple y llanamente el resultado del alejamiento creciente entre el Modelo Productivo existente en el país y el Modelo Productivo objetivo que debería haberse adoptado" (subrayado mío). Y, en otro momento, las condiciones en las que hoy día se operan en los mercados o en la vida social se entienden como "reglas de juego" que no puedan cambiarse.
Esa concepción de la sociedad o incluso de los mercados, como un marco que produce el "milagro" cuando los agentes simplemente se adaptan a las condiciones marcadas, lleva a juicios increíblemente ingenuos o quizá sencillamente hueros: "Cuando el modelo-país está alineado con las reglas de juego del entorno global, y se movilizan adecuadamente los vectores de crecimiento y competitividad sostenible desde una perspectiva social, empresarial y financiera, el desarrollo resultante tiene potencial de “milagro” socioeconómico".
Pero los contenidos más ideologizados del documento son los que se refieren, como no es casual, a las cuestiones que tienen que ver con el reparto de derechos y poderes y que se concretan en lo relativo a cuatro grandes cuestiones.
La primera es la redefinición del Ciudadano para ajustarlo a una simple óptica de modelo productivo.
La segunda se refiere al Estado de Bienestar, un asunto que se resuelve por el expediente de reclamar que debe ser "responsable" porque, según se afirma en una de las frases más antológicas del informe: "El debate no está en tener más o menos derechos, o en disponer de derechos más o menos universales. Este debate es estéril y generador de fracturas sociales innecesarias". Una cuestión efectivamente baladí para...¡quien tiene todos los derechos! en este campo gracias a su riqueza y quien se puede permitir escribir que "hay que ganarse el derecho a ser consumidor".
La tercera es la manera en que se aborda el problema de la sostenibilidad. En lugar de considerarse como el imperativo absoluto que debería marcar nuestra modernidad, un imperativo económico porque prácticamente vivimos y producimos sin tomar en cuenta la producción de residuos y el daño ambiental, y ético porque no puede ser otro el principio que debiera guiar nuestra relación con la naturaleza, se relativiza afirmando que la sostenibilidad debe ser... sostenible. Algo más que un juego de palabras que expresa claramente el grado de compromiso del gran empresariado español con estos imperativos.
La cuarta se refiere a la polis y a su gestión, al modo de gobernar y a la forma concreta en que se puede llevar a cabo en España, un campo en el que si se lee entre líneas se puede deducir que el proyecto de los grandes empresarios españoles podría diferir incluso de lo que hoy día está establecido en la Constitución algo que, por otro lado, no tiene por qué ser inmutable pero que, cuando se pone en cuestión, debiera hacerse con bastante más nitidez y sinceridad.
Para finalizar, creo que no puede dejar de señalarse que el informe carece de la más mínima autocrítica. Pareciera que la grandes empresas y los grandes decisores a partir de cuyas opiniones se formulan las propuestas fueran simplemente observadores externos, ajenos al devenir que ha tenido España en los últimos años, o como si nada tuvieran que ver con los valores, los incentivos o el estado social en el que estamos. Se habla de la corrupción (por cierto señalando como una buena época en este sentido los años 1997-2002) o de los fallos de la administración de justicia como si fuesen algo exclusivo de la clase política y ajenos a la gran clase empresarial de la que forman parte. Se dejan caer los fallos constantes de la regulación política pero no se hace referencia al grado en que la gran empresa ha impuesto condiciones poco competitivas.
Por último, me parece que se puede señalar que el informe ni es valiente ni hace gala de la transparencia que reclama para el resto de la sociedad. Carece de las propuestas concretas que pudieran permitir que la ciudadanía valorase las consecuencias efectivas de la puesta en marcha de una estrategia social como la que propone en términos verbalmente ambiguos pero implícitamente indisimulables.
Los grandes empresarios quieren quitarse cargas de encima, les sobra política (posiblemente como a todos por culpa de la clase política que se consolidó precisamente en favor y con el apoyo de la gran empresa) y le sobra compromiso con el bienestar social, la igualdad y el medio ambiente. El documento no puede ser más claro al respecto. Y por eso las propuestas concretas que implícitamente se deducen del documento están claras: copagos, reducción de gastos sociales y de impuestos directos, redefinición del sistema político y de representación, reconsideración de la promoción del talento como bien público, redimensionamiento de las administraciones públicas territoriales, menos derechos y obligaciones y más responsabilidad autodefinida ... y, como demuestra que sus ideas se presentaran directamente al Rey, una actitud mucho más pragmática y expeditiva para que las decisiones no las tome cualquiera que pueda ser elegido por la ciudadanía sino quienes ellos crean que son los "más capaces".
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