Después de conocer las medidas adoptadas
por el gobiernos para “racionalizar” el gasto educativo en la
universidad no sé bien qué es peor, el ataque a la universidad pública
con suponen o las mentiras que el Ministro y los dirigentes del PP están
diciendo para justificarlas.
La universidad española tiene problemas
objetivos que son muy bien conocidos porque han sido puestos de
manifiesto por muchos estudios empíricos realizados desde todos los
enfoques ideológicos.
Sabemos que está mal financiada. No solo
porque recibe menos recursos que la media de los países de nuestro
entorno y mucho menos que los sistemas universitarios de vanguardia a
los que siempre nos comparan (las práctica totalidad de las 100 mejores
universidades a las que refiere el Ministro para decir que ninguna
española está entre ellas, están en países en donde se invierte en I+D
el doble que en España). También lo está porque la financiación que
reciben las universidades se dirige suficientemente bien y porque no hay
suficientes mecanismos de evaluación de su impacto, de su equidad,
eficacia y rendimiento.
En casi la totalidad de nuestras
universidades hay un claro desacople entre demanda y oferta de
titulaciones, y por supuesto también a nivel global. Tanto las
autoridades académicas como las políticas han asumido el ineficaz e
insensato criterio de que una universidad es mejor si dispone de un
completo abanico de titulaciones, lo que ha dado lugar a duplicidades
muy caras e inútiles y ha dificultado la especialización que hubiera
permitido utilizar mucho mejor los recursos.
La universidad española tiene también un
problema grande porque no está inserta en un auténtico sistema de
enseñanza superior. En la práctica no existe la formación profesional de
máximo nivel, o la enseñanza superior solo consagrada a la docencia más
orientada a la formación laboral de excelencia, y eso ha masificado
también inútilmente los centros universitarios con alumnos y profesores
que deberían encontrarse realmente en la enseñanza superior no
universitaria. Los intentos de acercar los estudios superiores a las
demandas del mercado laboral incidiendo solo en la actividad
universitaria sin desarrollar la enseñanza superior no universitaria es
una barbaridad porque desnaturalizan a la primera que, por definición,
no debe funcionar solo para satisfacer a las demandas de los mercados o
las empresas sino, precisamente, para proporcionar la inteligencia
colectiva que permita el progreso que no es otra cosa que el cambio
constante de las inercias dominantes.
En gran parte, estos problemas subsisten
porque el sistema de control social ideado a través de los consejos
sociales no ha funcionado. Y no se puede decir que eso haya ocurrido por
culpa de los universitarios. Entre las presidencias y secretarias que
ocupan dirigentes de partidos gobernantes que estaban en el dique seco
(por cierto con sueldos desorbitados que se deberían hacer públicos) y
que son muy poco operativas y las personalidades que los confirman en
otros casos sin apenas capacidad ejecutiva sobre el funcionamiento de la
universidad, solo se ha conseguido que los consejos se dediquen a dar
unos cuantos premios, a ponerle unas algunas trabas sin importancia a
los presupuestos para hacerse notar y a muy poco más.
Para proponer soluciones a problemas
como estos y a otros más que puedan ponerse sobre la mesa, el Ministerio
ha creado una comisión de expertos formada por personas todas ellas de
indudable mérito y capacidad y del más alto nivel profesional o
académico, pero de una gran homogeneidad ideológica. Es fácil prever que
si se dejan fuera del análisis y de la posibilidad de hacer propuestas a
quienes representan sensibilidades y preferencias diferentes y que
responden también a los intereses de una buena parte de la población,
las conclusiones a las que se llegue estarán sesgadas y nunca
responderán a las necesidades del conjunto de la sociedad.
En cualquier caso, el gobierno no ha
esperado a disponer de propuestas para dar el hachazo y ha adoptado
medidas que llama de racionalización pero que simplemente representan un
ataque sin precedentes a la universidad pública española.
Ha modificado la dedicación docente del
profesorado en virtud de un supuesto criterio de dedicación a la
investigación que no lo es y que lo que va a conseguir es un doble
efecto perverso: que sea todavía más difícil que los profesores
compaginen la docencia y la investigación y que se puedan atender con
eficacia las nuevas necesidades que plantea el sistema de Bolonia que
así va a perder lo único bueno que podía haber traído consigo.
Paralelamente el Ministerio ha dado un tajo brutal en los Presupuestos
Generales del Estado a los recursos destinados a financiar la
investigación, lo que se va a traducir en docenas de proyectos
paralizados, en mucha menos movilidad y en una menor presencia de los
investigadores españoles en la vanguardia de la ciencia internacional. Y
la disminución en el número y variedad de becas va a impedir que los
mejores talentos se dediquen a la actividad investigadora si no son
disponen de recursos propios. Más o menos lo que va a ocurrir si la
subida de tasas no se hace racionalmente, con mayores criterios de
equidad y con más becas o sistemas alternativos de financiación de las
matrículas.
Y, como decía al principio, el
Ministerio ha tomado estas medidas difundiendo una serie de datos
erróneos, que realmente entran en la categoría de mentiras cuando se
repiten conscientemente, y que solo se orientan a desprestigiar a la
universidad pública española con el fin de justificar el daño que se le
hace. El Ministro Wert ha hecho referencia, por ejemplo, a que en España
hay un excesivo número de universidades, cuando lo cierto es que hay
menos por habitantes que en los países que están en la vanguardia del
conocimiento (en España hay casi el doble de alumnos por universidad
pública que en el Reino Unido y casi seis veces más que en Estados
Unidos; y prácticamente la mitad de universidades de las que hay en
California, en donde se inventó que había solo 10); ha hecho mención
erróneamente a los datos de abandono de estudios (confundiendo la salida
de la universidad con el cambio de titulación) y ha exagerado sin
fundamento el supuesto coste de ello; utiliza los datos de desempleo de
universitarios para afirmar la ineficacia de las universidades públicas
pero no los compara con la tasa de paro general; y no tiene en cuenta
que otros indicadores de eficacia y rendimiento académico muestran que
la universidad pública española prácticamente está a la altura de las
demás de nuestro entorno aunque dispone de muchos menos recursos para la
docencia y la investigación o cuando gastamos la tercera parte en becas
(Ver José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros en Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16 de abril de 2012).
No puede ser casualidad que se estén
difundiendo tantos datos falsos y opiniones negativas sobre la
universidad española justo cuando, en lugar de abordar los problemas que
tiene de verdad, se adoptan recortes que son los que realmente van a
impedir que cumpla con eficacia sus funciones. Yo creo que no es ni
mucho menos casualidad porque desde hace tiempo sabemos que lo que está
haciendo el Partido Popular en política universitaria y educativa en
general es lo que mismo que hace en el conjunto de los servicios
públicos: disminuir sus recursos, dejar así que empeore su gestión y
funcionamiento y propiciar de esa manera que se vaya consolidando la
provisión privada.
Si lo dijeran claro, al menos podríamos pensar que quienes lo están haciendo son políticos transparentes y honrados.
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