Hace ahora más de un año y medio, a la vista de lo que entonces
estaba sucediendo en Grecia, dije que, muy probablemente, España sería
“rescatada”. Hoy, aunque el gobierno lo siga maquillando de eufemismos,
el “rescate” es ya un hecho incuestionable.
Para
hacer aquella afirmación no hacía falta ser ningún adivino, bastaba con
darse cuenta de que en ambos países se daban “condiciones” favorables
al “rescate” y tener en cuenta la avidez de los “rescatadores”. Esas
“condiciones” –deuda externa, endeudamiento público, evasión fiscal,
corrupción, pérdida de competitividad, alta tasa de paro, (agravadas en
el caso de España con particularidades como la “burbuja inmobiliaria”,
el endeudamiento privado o la costosa mecánica del Estado de las
Autonomías)- no son precisamente las causas de la “crisis”, pero,
presentadas como tales con acierto mediático, contribuyen de manera
eficaz a la aceptación de los “rescates” por el pueblo, que es, a fin de
cuentas, el que habrá de pagarlos.
Ahora,
con el “rescate”, llegan también las primeras “medidas” que vertebran
el plan de los “rescatadores” y de sus aliados políticos: un gobierno de
cualificados “gestores” que entienden de números; un ministro de
economía de la confianza de la élite financiera internacional (y de su
cantera); paquetes de recortes “imprescindibles” en sanidad y educación;
capitalización “imprescindible” de la banca con fondos públicos y por
mayor cuantía de lo ahorrado a base de recortes; reformas de la
legislación laboral en detrimento de los trabajadores; aumento del IVA y
recargos en el agua, la electricidad y los combustibles; medidas para
el control de los medios de información; incremento acelerado de los
dispositivos policiales de seguridad y orden público; etcétera.
Todo lo que sucede en España en los últimos meses –incluida la fraseología y la retórica del establishment político y mediático- es un déjà vu
de lo sucedido en Grecia, un proceso que reproduce paso a paso y con
precisión matemática todo lo sucedido meses antes a este otro lado del
Mediterráneo, y que, por tanto, hace tremendamente previsible el futuro
inmediato. ¿Y qué es lo que va a pasar? En principio, se tomarán las
llamadas “medidas para frenar el déficit” (aunque el déficit real poco
tenga que ver con el montante de las deudas y con el verdadero origen de
la llamada “crisis”). Medidas como: recortes progresivos en sueldos y
pensiones (aunque se jure y se perjure lo contrario); reducción drástica
del salario mínimo y cuestionamiento del propio concepto;
debilitamiento del concepto de convenio laboral y sustitución del mismo
por la negociación individual de los contratos; despido progresivo de
miles de funcionarios a través de distintos subterfugios (como el paso a
una “reserva” provisional); abaratamiento del despido en el sector
privado como acto reflejo de las prácticas gubernamentales en el sector
público; planes de privatización de bienes nacionales bajo la etiqueta
eufemística de “puesta en valor” (infraestructuras sanitarias, empresas
de transporte, suministros de agua y energía, loterías y quinielas,
etc.); injerencia progresiva en la política de instituciones como el
FMI, la Comisión Europea y sus correspondientes Task Forces;
reformas en la legislación (e incluso en la Constitución) para
salvaguardar los intereses de los acreedores; rescate 1, rescate 2,
rescate 3… Todo en un ambiente de huelgas y manifestaciones bajo
control.
El objetivo
principal de este “plan” está claro: sacar provecho de una recesión
creada expresamente para que la riqueza pase a cada vez a menos manos y
para que las condiciones que permiten el enriquecimiento de esa élite
sigan mejorando progresivamente. Por eso, sus acciones en nombre de la
“crisis” van encaminadas a la degradación del mercado de trabajo hasta
que todo el mundo esté dispuesto a hacer cualquier cosa por un
bocadillo, al desmantelamiento de los servicios públicos y a su
sustitución por servicios de pago prestados por corporaciones privadas
(en las que tienen parte los propios políticos que favorecen el
proceso), al debilitamiento del ya deficiente sistema democrático…, van
encaminadas, en una palabra, al retroceso del estado social y a la
pérdida de conquistas y derechos adquiridos por la humanidad a través de
largos y penosos procesos de lucha.
Y
el futuro próximo depara aún mucho más. Cuando la deuda no se pueda
pagar –porque está previsto que sea impagable-, darán comienzo los
procedimientos de cobro alternativo: privatización de recursos naturales
públicos (agua, fuentes de energía, yacimientos minerales, riqueza
forestal, parajes naturales…), creación de “zonas de economía especial”
(es decir, zonas del territorio nacional cedidas en usufructo a
“inversores” y acogidas a regímenes jurídicos, fiscales y laborales
especiales, a conveniencia del “inversor”), relajación de las leyes que
protegen los derechos fundamentales de las personas y su propia
integridad, y toda una serie de pesadillas que ya son realidad cotidiana
en muchos lugares del planeta, algunos bien cercanos.
Este
es el plan para los próximos meses, o, digamos, los próximos años, en
esta Europa cada vez menos política y más financiera. Ante este déjà vu, en
la conciencia de los “ciudadanos” está ahora seguir sentados en el sofá
hasta que todo esté perdido, o levantarse de una vez y actuar.
(Pedro Olalla)
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