El pasado jueves 5 de julio, el Tribunal Constitucional portugués, por nueve votos a tres, declaró ilegal la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas decretada por el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho
en octubre de 2011. El primer ministro, entonces, en una declaración
solemne y televisada, anunció que los funcionarios y jubilados que
cobraran más de 1.100 euros al mes, se quedarían sin paga extra hasta
nuevo aviso. Los que cobraran entre 600 y 1.100 euros, la verían
reducida.
Ahora, nueve meses y dos pagas extras escamoteadas después, la
sentencia ha sacudido por entero al país, ya que pone en entredicho una
de las medidas de ajuste más duras del Ejecutivo, casi el símbolo de su
programa draconiano de recortes. Los jueces basan su decisión en que
esta eliminación de pagas extras vulnera el principio constitucional de
igualdad y, por tanto, es discriminatoria.
El tribunal, en su fallo,
asegura: “Es indiscutible que con las medidas impugnadas, el reparto de
sacrificios (...) no se lleva a cabo de igual manera entre todos los
ciudadanos proporcionalmente según sus capacidades financieras (...),
sino en aquellos que reciben su salario de organismos públicos”.
Después, los jueces consienten en que la decisión de Passos Coelho,
desde el punto de vista presupuestario y teniendo en cuenta la dramática
situación económica en la que se encontraba (y encuentra) Portugal, es
un recurso socorrido y útil: “Es innegable que en el actual contexto la
medida se justifica por su eficacia a corto plazo”.
Pero la sentencia concluye que la decisión “sobrepasa” los “términos
de la igualdad proporcional”, que por eso debe ser declarada ilegal, y
añade: “[el objetivo de déficit] se debe alcanzar a través de medidas
(...) que no se traduzcan en un reparto de sacrificios excesivamente
desigual. (...) Cuanto mayor es el grado de sacrificio impuesto a los
ciudadanos, mayores deben ser las exigencias de equidad y justicia en la
participación de esos sacrificios”.
Con todo, el tribunal, apelando al complicadísimo estado de las
cuentas públicas portuguesas y a los compromisos firmados con la troika,
aclaró que las pagas extras ya eliminadas (la de Navidad de 2011 y la
de verano de 2013), no serán devueltas. De ser así, según el tribunal,
“se pondría en riesgo la financiación acordada y, por tanto, la
solvencia del Estado”. Este apartado encrespó a algunos diputados de la
oposición (entre los que se contaban algunos de los que habían
interpuesto el recurso de inconstitucionalidad que derivó en la
sentencia), que denunciaron, entre otras cosas, que en Portugal manda
actualmente más la troika acreedora que la Constitución.
Con todo, los funcionarios portugueses no disfrutarán tampoco de sus
futuras pagas extras por entero. El primer ministro, Pedro Passos
Coelho, aseguró poco después de conocer la sentencia que la cumplirá,
pero que también cumplirá con el objetivo de déficit y que buscará una
solución más igualitaria para conseguir los 2.000 millones de euros al
año que se recaudaban con la medida ahora tumbada por el Constitucional.
E insinuó una probable y próxima supresión de pagas extras para todos
los asalariados portugueses. Actualmente el Gobierno trabaja en eso. La
respuesta se sabrá en otoño, cuando se discuta el presupuesto para el
año que viene.
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