Una característica de la economía española ha sido la existencia de un elevado desempleo. Tanto en momentos de bonanza, con elevadas tasas de crecimiento económico, como en momentos de recesión, el desempleo en España es mayor, y en ocasiones mucho mayor, que el promedio de los países de la Unión Europea (UE-15), el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico.
La interpretación que la sabiduría convencional da para explicar este hecho es que el mercado de trabajo español es demasiado rígido. Se repite constantemente en los medios de mayor difusión de sensibilidad neoliberal que los sindicatos han estado protegiendo los contratos fijos, que incluyen a los trabajadores que ya tienen trabajo –los famosos insiders- a costa de los que no tienen trabajo –los también famosos outsiders- que no pueden encontrar trabajo. Estos últimos, principalmente jóvenes y mujeres, tienen enormes dificultades para entrar en el mercado de trabajo, debido a que los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los que tienen contratos fijos. De ahí que la solución que proponen es que se anulen los contratos fijos (para conseguirlo hay que debilitar a los sindicatos) y, con ello, los jóvenes y las mujeres puedan también entrar en el mercado de trabajo.
Este argumento ignora deliberadamente varios hechos. Si el número de puestos de trabajo existentes permanece constante, la eliminación de los contratos fijos sólo variará la composición de los trabajadores, puesto que los empresarios despedirán a los que eran fijos a fin de contratar a los jóvenes y mujeres, a los que pagarán unos salarios más bajos. Los padres serán despedidos para que sus hijos puedan encontrar trabajo a menor coste para la empresa. Esto es lo que desean las reformas laborales del gobierno PP: rebajas de salarios.
Algunos economistas argumentan que los elevados costes del despido hacen que el empresario se lo piense dos veces antes de contratar a un nuevo trabajador porque éste quedará blindado y no podrá deshacerse de él o ella en caso de que necesite menos trabajadores, a consecuencia de que disminuyan sus necesidades de mano de obra. Este argumento parecería que tiene peso, pues tiene una cierta lógica. Pero, parece que los empresarios en España no han tenido tal dificultad. España fue durante muchos años (durante el periodo del boom económico estimulado por la burbuja inmobiliaria) el país de la UE-15 que tuvo mayor tasa de crecimiento de puestos de trabajo, para más tarde, durante la recesión, tener la tasa de destrucción de puestos de trabajo más elevada de la UE-15. La evidencia muestra que en España se crean y se destruyen puestos de trabajo muy fácilmente, negando por lo tanto la tesis de que el elevado desempleo se deba a la dificultad de despedir. En realidad, lo inverso es lo que está ocurriendo. Los países de la OCDE en los que el desempleo ha crecido más rápidamente durante la recesión han sido EE.UU. e Irlanda, que son los países que pueden despedir más fácilmente. España es el tercer país después de estos dos, con la tasa de destrucción de empleo y crecimiento de desempleo más elevada en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.
Los datos muestran que España tiene una de las tasas de crecimiento del desempleo más altas y la tasa de desempleo más alta, no sólo de la UE-15, sino también de la OCDE. Las reformas laborales aumentarán el desempleo sin mejorar en nada la creación de empleo. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. Que ello sea así se debe a que no se está tocando el problema central: la escasa creación de puestos de trabajo. Si miran los datos verán ustedes que España es el país que tiene menos puestos de trabajo por 1.000 habitantes de la UE-15 (396), junto con Grecia (373) e Italia (380). Y donde se ve que hay un gran déficit es en el sector público. En España sólo un 9% de la población adulta trabaja en el sector público. El promedio de la UE-15 es un 15%, y en Suecia un 25%. Si en España tuviéramos las mismas tasas de empleo público que tiene Suecia, tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo (que es prácticamente el mismo número de desempleados que existen hoy en nuestro país). En contra de lo que se reproduce en la sabiduría convencional, España tiene un sector público poco desarrollado. El número de empleados en los servicios públicos del Estado del Bienestar está muy por debajo del promedio de la UE-15 y por debajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo que tenemos (ver Navarro, V. El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias. Ed. Anagrama, 2006).
Este escaso desarrollo del empleo público explica también el bajo porcentaje de la población que trabaja en el mercado laboral, con clara discriminación de la mujer. Si se facilitara la integración de la mujer en el mercado de trabajo (mediante el desarrollo de la infraestructura de servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) habría en España 3 millones más de trabajadores, creando riqueza. Se calcula que por cada entrada de una mujer en el mercado de trabajo se crea la necesidad de crear 0.4 nuevos puestos de trabajo en los servicios de carácter personal que proveen las amas de casa (en limpieza, en restaurantes y otros). Trabajo crea trabajo.
La pregunta inmediata es ¿cómo se pagarían estos empleos? La respuesta es fácil. Predominantemente (aunque no exclusivamente) con fondos públicos, incrementando los ingresos al Estado, hoy en día en España, los más bajos de la UE-15 (34%), el promedio de la UE-15 es 44% y Suecia, 54%.
Y ahí está la raíz del problema. Algunos datos son contundentes. El fraude fiscal en España es enorme y se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables del 72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de euros. El problema no es que España no tenga fondos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y por lo tanto no puede crear empleo. Ahí está el problema silenciado en los mayores medios de difusión y persuasión del país, los mismos medios que continúan machacando con el sambenito de las rigideces del mercado laboral, culpabilizando a los sindicatos por el elevado desempleo. Y así vamos en un país que se autodefine de ser democrático.
La interpretación que la sabiduría convencional da para explicar este hecho es que el mercado de trabajo español es demasiado rígido. Se repite constantemente en los medios de mayor difusión de sensibilidad neoliberal que los sindicatos han estado protegiendo los contratos fijos, que incluyen a los trabajadores que ya tienen trabajo –los famosos insiders- a costa de los que no tienen trabajo –los también famosos outsiders- que no pueden encontrar trabajo. Estos últimos, principalmente jóvenes y mujeres, tienen enormes dificultades para entrar en el mercado de trabajo, debido a que los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los que tienen contratos fijos. De ahí que la solución que proponen es que se anulen los contratos fijos (para conseguirlo hay que debilitar a los sindicatos) y, con ello, los jóvenes y las mujeres puedan también entrar en el mercado de trabajo.
Este argumento ignora deliberadamente varios hechos. Si el número de puestos de trabajo existentes permanece constante, la eliminación de los contratos fijos sólo variará la composición de los trabajadores, puesto que los empresarios despedirán a los que eran fijos a fin de contratar a los jóvenes y mujeres, a los que pagarán unos salarios más bajos. Los padres serán despedidos para que sus hijos puedan encontrar trabajo a menor coste para la empresa. Esto es lo que desean las reformas laborales del gobierno PP: rebajas de salarios.
Algunos economistas argumentan que los elevados costes del despido hacen que el empresario se lo piense dos veces antes de contratar a un nuevo trabajador porque éste quedará blindado y no podrá deshacerse de él o ella en caso de que necesite menos trabajadores, a consecuencia de que disminuyan sus necesidades de mano de obra. Este argumento parecería que tiene peso, pues tiene una cierta lógica. Pero, parece que los empresarios en España no han tenido tal dificultad. España fue durante muchos años (durante el periodo del boom económico estimulado por la burbuja inmobiliaria) el país de la UE-15 que tuvo mayor tasa de crecimiento de puestos de trabajo, para más tarde, durante la recesión, tener la tasa de destrucción de puestos de trabajo más elevada de la UE-15. La evidencia muestra que en España se crean y se destruyen puestos de trabajo muy fácilmente, negando por lo tanto la tesis de que el elevado desempleo se deba a la dificultad de despedir. En realidad, lo inverso es lo que está ocurriendo. Los países de la OCDE en los que el desempleo ha crecido más rápidamente durante la recesión han sido EE.UU. e Irlanda, que son los países que pueden despedir más fácilmente. España es el tercer país después de estos dos, con la tasa de destrucción de empleo y crecimiento de desempleo más elevada en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.
Los datos muestran que España tiene una de las tasas de crecimiento del desempleo más altas y la tasa de desempleo más alta, no sólo de la UE-15, sino también de la OCDE. Las reformas laborales aumentarán el desempleo sin mejorar en nada la creación de empleo. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. Que ello sea así se debe a que no se está tocando el problema central: la escasa creación de puestos de trabajo. Si miran los datos verán ustedes que España es el país que tiene menos puestos de trabajo por 1.000 habitantes de la UE-15 (396), junto con Grecia (373) e Italia (380). Y donde se ve que hay un gran déficit es en el sector público. En España sólo un 9% de la población adulta trabaja en el sector público. El promedio de la UE-15 es un 15%, y en Suecia un 25%. Si en España tuviéramos las mismas tasas de empleo público que tiene Suecia, tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo (que es prácticamente el mismo número de desempleados que existen hoy en nuestro país). En contra de lo que se reproduce en la sabiduría convencional, España tiene un sector público poco desarrollado. El número de empleados en los servicios públicos del Estado del Bienestar está muy por debajo del promedio de la UE-15 y por debajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo que tenemos (ver Navarro, V. El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias. Ed. Anagrama, 2006).
Este escaso desarrollo del empleo público explica también el bajo porcentaje de la población que trabaja en el mercado laboral, con clara discriminación de la mujer. Si se facilitara la integración de la mujer en el mercado de trabajo (mediante el desarrollo de la infraestructura de servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) habría en España 3 millones más de trabajadores, creando riqueza. Se calcula que por cada entrada de una mujer en el mercado de trabajo se crea la necesidad de crear 0.4 nuevos puestos de trabajo en los servicios de carácter personal que proveen las amas de casa (en limpieza, en restaurantes y otros). Trabajo crea trabajo.
La pregunta inmediata es ¿cómo se pagarían estos empleos? La respuesta es fácil. Predominantemente (aunque no exclusivamente) con fondos públicos, incrementando los ingresos al Estado, hoy en día en España, los más bajos de la UE-15 (34%), el promedio de la UE-15 es 44% y Suecia, 54%.
Y ahí está la raíz del problema. Algunos datos son contundentes. El fraude fiscal en España es enorme y se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables del 72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de euros. El problema no es que España no tenga fondos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y por lo tanto no puede crear empleo. Ahí está el problema silenciado en los mayores medios de difusión y persuasión del país, los mismos medios que continúan machacando con el sambenito de las rigideces del mercado laboral, culpabilizando a los sindicatos por el elevado desempleo. Y así vamos en un país que se autodefine de ser democrático.
(VicenÇ Navarro. El Plural.com)
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