Quienes firmamos (firmar aquí) este escrito,
miembros de la comunidad universitaria de todas las universidades
españolas manifestamos nuestro más absoluto rechazo a las medidas de
recorte presupuestario tomadas por el gobierno porque entendemos que
suponen un atentado gravísimo y sin precedentes que amenaza la
supervivencia del servicio público de la enseñanza superior.
1. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros responden a una grosera improvisación.
No son el resultado de un análisis detenido de los problemas que
pudiera tener la universidad española, sino la consecuencia de dar el
hachazo primero y luego tratar de encontrar argumentos que puedan
justificarlo. Una prueba palpable de ello es que los recortes de gasto,
la reducción de efectivos y el cambio de normas se realizan antes de que
ni siquiera comience a funcionar la comisión nombrada por el Ministerio
para que haga propuestas de reformas. Una comisión que igualmente
rechazamos de plano porque, con independencia de la muy alta categoría
profesional de todos y todas sus componentes, no refleja el pluralismo
ideológico de nuestra sociedad y sobrevalora la influencia de los
intereses bancarios privados a la hora de definir el mejor ordenamiento
de la universidad pública española.
2. Para abrir paso a esas medidas y
para apoyar los recortes, el propio Ministro y otros dirigentes
políticos del Partido en el Gobierno han dado datos incorrectos o han dicho mentiras que confunden y engañan a la opinión pública:
• Para argumentar que en España hay
demasiadas universidades el Ministro ha manifestado que en California
hay 10, cuando en realidad hay 146. En contra de lo que dice el
Gobierno, es fácil deducir que en España más bien hay pocas
universidades: los dos países que tienen mayor número de centros
universitarios de investigación de excelencia entre los mejores del
mundo son Estados Unidos y el Reino Unido, y en ellos hay una
universidad por cada 94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente;
mientras que en España hay una por cada 582.000 (Estos datos y los
siguientes en José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros, Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16-4-2012).
• Para hacer creer que es baja la
calidad de nuestros centros universitarios, que combinan la docencia y
la investigación, el Ministro los compara con rankings en los que la
inmensa mayoría son solo centros de investigación y, sobre todo, sin
hacer mención a que 99 de los 100 primeros están en países que casi
doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de España.
• Para exagerar el coste del fracaso
escolar el Ministro ha afirmado que el 30% del alumnado abandona la
universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere
al cambio de titulaciones y que el abandono definitivo solo es del 12%. Y
tanto el Ministro como la Secretaria General del Partido Popular han
difundido la idea falsa de que el coste de ese abandono (exagerado) es
de 3.000 millones de euros, una cifra equivocada y sin fundamento
empírico ninguno.
3. Denunciamos que lo que viene haciendo el gobierno para justificar los recortes de presupuesto es simplemente una campaña contra la universidad pública
que solo puede calificarse, cuando menos, como desleal. El Ministro se
empeña en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz,
cara e inútil para crear empleo y le oculta la realidad:
• Los estudios internacionales
muestran que nuestra docencia y productividad científica son
equiparables a la de los países de la OCDE a pesar de que aquí
invertimos anualmente un 20% menos en recursos.
• El 79% de quienes obtienen su
título en España lo hacen en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un
70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte
que la media de los países de esa organización y con menor gasto por
estudiante.
• La tasa de paro de los y las
egresadas universitarias es la mitad que la del resto de la población y
todo ello se consigue en la universidad pública con un coste por
estudiante que es un 25% más bajo que el de la privada.
4. A los recortes realizados en los
Presupuestos Generales del Estado en las partidas destinadas a la
investigación, ahora se suman las consecuencias del Real Decreto Ley de
racionalización de gasto público en el ámbito educativo que van a
impedir desarrollar con la necesaria calidad el servicio público de la
enseñanza superior tan necesario para el progreso de nuestra sociedad.
Denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son
un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora,
que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de
la competitividad económica que tanto reclama. Unos motores que se
resienten cuando se aumentan las obligaciones docentes al mismo tiempo
que se recortan recursos para la investigación. O cuando se encarece el
precio de los másteres y se anula a la vez el sistema de préstamos renta
y se disminuyen las becas, porque eso dará lugar a que no sean las
personas de mayor talento quienes puedan acceder a la carrera
investigadora, sino solo las de más ingresos. Y denunciamos que son un golpe brutal al principio de igualdad de oportunidades porque
el aumento indiscriminado de las matrículas, sin estudiar previamente
los efectos de otras distintas posibilidades más justas y eficientes de
fijar sus precios, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará
lugar a que las personas de rentas más bajas tengan más difícil acceder a
los estudios universitarios.
El aumento de las dedicaciones
docentes, en función de los criterios establecidos en el RD, elude las
consecuencias a corto y largo plazo de tales medidas: se toman antes de
revisar o consensuar con la comunidad docente/investigadora los
criterios y baremos establecidos para la obtención de tramos
investigadores en función de la naturaleza variable de la producción
científica de las diversas disciplinas; así, la mayor carga de docencia
recaería en quienes “menor investigación realizan”, con lo cual cabe
pensar en que la docencia no se beneficiaría de la lógica
retroalimentación del avance científico; por último, se da un golpe a
la promoción de la investigación y de los investigadores e
investigadoras, pues con más contratos precarios y mayor actividad
docente tendrán más dificultades para lograr tramos de investigación.
5. Quienes firmamos esta declaración
sabemos que en nuestra institución hay problemas, que se pueden y se
deben optimizar los recursos que la sociedad nos proporciona, y estamos
dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo a que el servicio público
universitario funcione mejor y con mayor ahorro de recursos. Tenemos la
convicción de que hay que mejorar la adecuación de la oferta a la
demanda de estudios, hoy día muy desequilibrada, coordinar mejor los
mapas de titulaciones o acoplar las plantillas de profesorado a las
necesidades reales de la docencia y la investigación, entre otras cosas.
Pero eso no puede llevarnos al engaño. Nada de eso se puede conseguir
con menos recursos, poniendo en peligro lo bueno que han tenido las
reformas de los últimos años, cerrando el paso a cualquier estrategia de
diálogo y dificultando el acceso a la universidad y a la carrera
universitaria a las personas de rentas más bajas.
De esta manera, disminuyendo recursos a
un sistema ya de por sí necesitado de ellos, y sin propuestas que
realmente supongan una mejora de su uso, por mucho que se hable de
“racionalización”, el gobierno solo va a conseguir deteriorar el sistema
universitario español y, en consecuencia, la evolución negativa de
nuestra economía y el empleo, la situación de las empresas y el
bienestar social. La evidencia histórica nos indica que eso es lo que
sucede cuando se adoptan medidas como las aprobadas por el Gobierno
español. Y esa evidencia, junto a las crecientes facilidades que se
vienen dando a los centros privados, es lo que nos lleva a denunciar que
la estrategia que en realidad se viene persiguiendo en este como en otros servicios públicos es su privatización
progresiva para convertirlos en simples negocios privados con
independencia de que así queden millones de españoles y españolas sin
poder acceder a ellos.
Por todo esto, llamamos a todas las
personas que forman parte de la comunidad universitaria, con
independencia de sus ideas políticas y simplemente amantes y defensores
de la universidad pública, a que suscriban este escrito con su firma, a
que lo divulguen y a que asistan a las convocatorias que se harán en
todas las universidades frente a los rectorados para reclamar a nuestros
máximos representantes que defiendan estas ideas y rechacen de plano
los recortes del gobierno por suponer un atentado gravísimo y de efectos
terribles para el futuro inmediato de la sociedad y de la economía
española. Y en concreto, para que con su firma exijan firme y
directamente al Presidente del Gobierno la dimisión del Ministro de Educación y Cultura y la retirada
inmediata del Real Decreto de “racionalización” del sistema educativo
porque simplemente significa la destrucción del sistema público que con
tanto esfuerzo y siempre con insuficientes recursos hemos podido
levantar en los últimos años con una calidad y alcance social de la que,
a pesar de todo, nos sentimos orgullosos y orgullosas.
Abril 2012
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