El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en
España.En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero,un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países.
Entre ellos había nada menos que 569 españoles,
incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida
política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President
de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores
Cospedal;Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José
Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío
Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María
Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián
García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...).
Según
el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes
familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en
estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española,
el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de
44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y
los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la
cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de
la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España
debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación,
escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por
el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el
Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan
es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados
en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no
se atreve a recogerlos.
En realidad, la gran mayoría de investigaciones
de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y
profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los
técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del
fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades
públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia
Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la
exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para
interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el
único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta,
presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de
estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal
desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había
pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su
presentación al tribunal".
Una medida que juega a favor de los
fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la
investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español,
el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los
ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado
con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de
que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son
limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de
los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico,
pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es
nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme
concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en
Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son
mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44..000
millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte
del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público
social que el Estado español está hoy realizando. Pero otra observación
que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el
silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude
fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas
financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, queseñala
como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta
mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los
sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo
comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo
créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme
importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una
situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al
diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que
publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación
en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".
(Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University)
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