José Antonio Pérez García / Juan Antonio Hernández Armenteros
El País
El profesor Ernest Lluch insistía en sus magistrales clases de 
historia del pensamiento económico, que más de la mitad de la resolución
 correcta de un problema consistía en formular la cuestión a resolver 
con rigor metodológico y datos ciertos. Tras escuchar al señor Wert, 
nuestro ministro de Educación Cultura y Deporte, en la rueda prensa 
posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 13 de abril, nos ha
 surgido una seria preocupación respecto a cuál es la naturaleza del 
examen al que se somete a la comisión de expertos creada para hacer 
propuestas sobre la gobernanza, el proceso de selección y acreditación 
del profesorado y los estudiantes, y la economía y las finanzas de las 
universidades.
Nada que objetar -todo lo contrario- a contar con el asesoramiento de
 una comisión de expertos, cuya composición nos merece además la mayor 
de las consideraciones y respeto, personas todas ellas cualificadísimas y
 que seguramente conseguirán pasar la prueba con matrícula de honor, 
aunque el planteamiento del problema a resolver que les ha formulado el 
señor ministro está plagado de datos erróneos y juicios de intención 
sobre el actual funcionamiento de la universidad española, que 
justifican la reforma de la actual gobernanza universitaria.
El señor ministro Wert no ha dejado de preguntarse desde su toma de 
posesión por qué no hay ninguna universidad española entre las 100 
primeras de los rankings internacionales. Hay que explicarle que los citados rankings
 se refieren casi exclusivamente a la actividad investigadora, y que de 
esos primeros 100 puestos, 99 están ocupados por universidades que 
operan en países con un sector científico-tecnológico (I+D+i) que supera
 en todos los casos el 2,3% del PIB (llegando a superar el 3% en el caso
 de USA), mientras que en España el sector I+D+i está en el 1,3% y 
bajando. ¿Habrá quizás alguna relación de causalidad en esta 
circunstancia? La única universidad fuera de esa norma es la Universidad
 de Moscú.
El señor ministro Wert insiste en que la universidad española tiene 
un 30% de abandono en la enseñanza superior, no es correcto. Existe ese 
porcentaje de abandono de las titulaciones (en un 70% de los casos para 
cambiar a otras titulaciones), no de los estudios universitarios, en los
 que la tasa de abandono es inferior al 12%. Como ya explicamos en su 
día (El País,
 10 de junio 2011) el cálculo del profesor Dolado, que es el que ha 
puesto números a ese “despilfarro” de 3.000 millones en el sistema 
universitario español , es erróneo y carece de objetividad.
El señor ministro Wert presenta como una demostración del fracaso de 
la universidad, que existe un 21% de desempleo entre los universitarios 
de 25 a 29 años, lo que es desde luego una realidad drámatica, pero un 
60% menos drámatica que la del paro juvenil total superior al 50%. Como 
lo es que la tasa de desempleo de los titulados universitarios sea del 
12%, frente al 24% del conjunto del mercado laboral.
El señor ministro Wert entiende, y comprobamos que es una moda 
extendida en las dos “capitales”, que despide un fuerte aroma 
centralista (sí, también existe el centralismo catalán), que en España 
se han creado demasiadas universidades, en demasiados territorios. Desde
 luego el Estado de California no tiene 10 universidades como afirmó 
rotundamente el señor ministro en la rueda de prensa, sino exactamente 
146, es decir casi el doble que en España. Pues bien por aclarar la 
cuestión, y por citar sólo a los dos países con más universidades en los
 100 primeros puestos de los rankings internacionales: en Estados Unidos
 hay 309 millones de habitantes y 3.277 universidades, es decir una 
universidad por cada 94.000 habitantes; en el Reino Unido hay 61 
millones de habitantes y 241 universidades, es decir una universidad por
 cada 253.000 habitantes. En España somos 47 millones de habitantes y 
tenemos 79 universidades, es decir, una universidad por cada 582.000 
habitantes. ¿Cuál es el problema?¿Donde está la sobredimensión del 
número de nuestras universidades? Al contrario, lo que seguramente 
tenemos es un problema de excesivo tamaño y falta de especialización de 
nuestras instituciones, que deben consolidarse y especializarse, 
mejorando -precisamente con ello- su gobernanza y su capacidad de 
excelencia. ¿A ver cuántas universidades de más de 20.000 alumnos 
(tamaño medio español) encuentran entre las 100 primeras de los rankings
 mundiales?
Los datos de la OCDE en Educatión at a glance 2011, sobre 
rendimiento académico en los estudiantes de educación superior, revelan 
que un 79% de los universitarios españoles obtiene su diploma en la 
“edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE.
Y si hablamos de esfuerzo en gasto público, tendremos que reconocer 
-al menos- que las universidades públicas proveen de estudios superiores
 a sus alumnos a un coste total significativamente inferior (como mínimo
 un 25% de media) que el que exigen las universidades privadas a sus 
estudiantes. ¿No debemos considerar este detalle si hablamos de 
eficiencia?
Para terminar con los datos, debemos señalar que aunque efectivamente
 el esfuerzo en becas ha mejorado en los últimos años, seguimos 
dedicando a ese capítulo la tercera parte que la media de los países de 
la OCDE.
No, señor ministro Wert. No le han facilitado los datos adecuadamente
 y -en consecuencia- no dispone usted de un diagnóstico certero de los 
problemas del sistema universitarios español. Es cierto que hay 
problemas de baja demanda en muchos títulos (muy acusado en los 
Masters), de inactividad de una parte de la capacidad científica 
disponible y, sobre todo, de traslación al tejido productivo de valor 
añadido para innovar y competir mejor. Pero mal haremos si denostamos, y
 menos el ministro de Educación de España, lo que funciona más que 
aceptablemente como la docencia universitaria y la productividad 
científica. Ambas resisten sin esfuerzo una comparación internacional, 
invirtiendo en ello un 20% menos de recursos anuales que en la media de 
la OCDE (1,2 % del PIB, respecto a 1,5% del PIB).
El balance general no es catastrófico como se pretende, ni mucho 
menos, aunque hay áreas de la actividad universitaria que pueden y deben
 ser mejoradas. Y efectivamente, la universidad española es un puntal de
 nuestro futuro y merece una atención reformista de primer orden y la 
atención prioritaria de la política gubernamental. Los objetivos de ese 
impulso no pueden ser otros que ampliar la excelencia académica y 
científica y mejorar mucho el rendimiento social del gasto universitario
 (público y privado).
Seguramente estamos de acuerdo en que reformar la gobernanza de las 
universidades (públicas suponemos) ayudaría a ello. Aunque no es un caso
 único, reconozcamos que hay otras muchas gobernanzas manifiestamente 
mejorables ¿la de la Unión Europea?, ¿la del sistema financiero? , y un 
largo etc. con efectos mucho más letales y que requerirían una acción 
más decidida. Pero si estamos decididos a ello, y parece que lo estamos 
desde el primer día de la toma de posesión del señor ministro, hay que 
ser capaces de reconocer que es un tema complejo, delicado, en el que no
 es fácil acertar, y en el que es posible incluso empeorar.
Puestos de acuerdo en que conviene cambiar el sistema de gobernanza, 
aspecto que junto con otros son considerados estratégicos en el 
Documento de la Comisión Mixta de Financiación (26/04/2010), es preciso 
hacer diana en la elección, y para ello parece lógico imitar a los 
mejores: mucha autonomía académica, mucha cualificación profesional en 
los máximos responsables, fuertes capacidades de auto-organización, 
empezando por la selección de estudiantes, profesores, investigadores y 
gestores, con un marco laboral a la vez flexible y estable, y la libre 
fijación de precios y salarios; y siguiendo: más flexibilidad, menos 
regulación, menos intervencionismo administrativo, menos obligaciones 
burocráticas y más evaluación externa rigurosa y objetiva., cero de 
intervención política, menos subvenciones, pero mucha más financiación 
pública y privada por resultados.
José Antonio Pérez García (UPV) y Juan Hernández Armenteros (UJA) son economistas y expertos en financiación universitaria.
 
 


 




 
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