31 de julio de 2012

Sí hay alternativas al recorte


GESTHA manifiesta su total desacuerdo con las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno.

El día 11 de Julio de 2012 el Presidente del Gobierno anunció una serie de medidas que nuevamente atentan directamente contra los empleados públicos.

Estos recortes suponen un ataque brutal contra los empleados públicos, con la intención de continuar con la política de estigmatización de este colectivo de trabajadores y desviar responsabilidades, sin atender a razones de justicia social ni económicas.

El Gobierno con estas medidas ataca a los más débiles sin atreverse con los fuertes. No se puede entender una subida de impuestos y bajada de sueldos mientras se mantiene una amnistía fiscal.

GESTHA no acepta estas medidas porque, entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en que se encuentra, no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados  y no se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal, apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad.

Desde GESTHA  llevamos muchos años trasladando al Gobierno, Parlamento, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, AEAT, medios de comunicación,  agentes sociales y a quien ha querido escucharnos, una amplia lista de medidas y propuestas para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que entre otras, pasaría por una reorganización en profundidad de la estructura y funcionamiento del Ministerio de Hacienda y de la AEAT dotando a los Técnicos de las competencias que estamos capacitados para ejercer, y ejercemos en muchas ocasiones, y que legalmente se nos niegan.

Asimismo, defendemos que es posible conseguir ingresos añadidos a través de medidas alternativas al simple recorte indiscriminado del gasto público que está aplicando el Gobierno; propuestas, como las que os adjuntamos a continuación, cuya aplicación permitiría aumentar la  recaudación a partir del próximo ejercicio:



Cuadro 1. Medidas alternativas de GESTHA para aumentar la recaudación
Medidas
Recaudación
anual adicional
Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros
13.943 millones
Reducción de la economía sumergida en diez puntos
38.577 millones
Impuesto sobre la Riqueza
3.399 millones
Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública *
1.400 millones
Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro y ganancias patrimoniales especulativas
1.490 millones
Impuesto a las Transacciones Financieras*
            5.000 millones
Total
63.809 millones
* Instando su implantación en el ámbito de la Unión Europea.

           Los empleados públicos no han generado el agujero de 60.000 millones de euros de las Cajas de Ahorro, tampoco han provocado el Déficit de Tarifa eléctrica de 25.000 millones, ni el Déficit Presupuestario de 2011de 91.344 millones de euros, ni de una Deuda Pública del 72% del PIB ( 774.549 millones de euros), tampoco somos responsables de la enormes deudas no financieras de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y sin embargo, una vez más nos hacen pagar los errores de otros y, no conformes con ello, nuestros propios Jefes (Ministro y Secretario de Estado de AAPP), denigran nuestro trabajo con comentarios sobre el “cafelito” y que “aprobar un examen” no justifica no hacer nada.
  
Por todo lo anterior, GESTHA rechaza rotundamente las medidas anunciadas por el Gobierno, frente a las que continuará planteando en todos los ámbitos sus propuestas alternativas para reducir el déficit, para dignificar la función pública y por ende a los funcionarios y, en este contexto, se muestra de acuerdo con las actuaciones propuestas por las Organizaciones Sindicales y, en aras a preservar la unidad sindical y no dispersar los esfuerzos, anima a todos los CTH a participar en todas aquellas movilizaciones que, convocadas conjuntamente por las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal en el ámbito de las Administraciones Públicas, cada uno considere procedente.

(GESTHA es el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda).  

Sí que hay dinero


Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del presidente Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por el propio Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad número uno de su gobierno. El presidente indicó también que tal bajada del déficit público era la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.

Es sorprendente que la administración Rajoy continúe repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.

Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.

Se podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de la política fiscal que España tiene en común con todos los países intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.

Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza (estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo Monetario Internacional– nada menos que la mitad del déficit estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los impuestos.

Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy: ¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de ingresos ( 2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más? O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados del bienestar gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos, con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?

Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí que hay dinero.


(Vicenç Navarro .Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University)

30 de julio de 2012

Argentina: cambio de juego


La mandataria de Argentina, Cristina Fernández, se ha erigido en el nuevo diablo mediático[1] (en famosa expresión científica), y su país asciende puestos en el top ten de Estados díscolos (o, cuando menos, de los juzgados como tales por los grandes medios), junto a Corea del Norte, Irán, Siria o Venezuela.

Con motivo de la recuperación para el patrimonio público argentino de la petrolera YPF, y como la totalidad de los grandes medios de comunicación españoles, ABC dedicó un amplísimo despliegue de textos muy críticos, en tono fuertemente hiperbólico, hacia la presidenta. En uno de sus editoriales, titulado “Asalto a Repsol”[2], el rotativo promonárquico asoció la medida a una serie de tópicos. Entre ellos, pueden recopilarse: el delito (“asalto a Repsol”, “escarnios como el anunciado por Kirchner”), la trampa (“sustituir las reglas de conducta…, como la seguridad jurídica y el respeto a lo convenido”), el propio perjuicio (“impropio de un país que precisa inversiones extranjeras”, “La contribución de las empresas españolas al crecimiento del continente suramericano no merece… escarnios como el anunciado”), las referencias al eje del mal bolivariano (“remataría las cancelaciones de licencias decididas en las últimas semanas por diversos gobiernos regionales”, “un ejercicio… al que no habían llegado siquiera los líderes bolivarianos, como Chávez, Correa o Morales”), la demagogia (“populista”, “demagogia nacionalista”, “para ocultar sus problemas internos”), el antiespañolismo (“el Gobierno argentino contra las multinacionales españolas”, “agravios contra España y utilizando a nuestro país”, “los intereses españoles”, “evitar nuevos episodios que socaven la imagen de España”, “incurrir contra España”) y el autoritarismo (“acto arbitrario”, “golpe de mano tercermundista”, “caza de brujas”, “en un ejercicio tan autoritario de su poder”, “esta dinámica autoritaria del Gobierno argentino”).

Repasemos los dos últimos tópicos del editorial de ABC. Se atribuyen a la Administración de Fernández (viuda de Néstor Kirchner) “agravios contra España” por expropiarle una compañía, originariamente propiedad del Estado argentino, a una gran corporación transnacional que tiene su sede social en nuestro territorio. Calificar a empresas del tipo de Repsol como “españolas” basándose en este hecho resulta harto discutible. Para empezar, Repsol, al igual que había pasado con YPF, dejó de ser de ser, en puridad, española con la oleada privatizadora que, bajo el culto a Hayek y las políticas de Margaret Thatcher, hizo salir del control público en España a grandes monopolios y oligopolios (Telefónica-Movistar, Tabacalera-Altadis, Endesa), pero sin haber liberalizado previamente los mercados, para así desplazar dicha concentración empresarial a la gestión de personas afines al PP. La compañía petroquímica era una de las más grandes y rentables de España, con una trayectoria implacable desde su creación en 1986, fecha en la que aglutinó los activos empresariales mejores del monopolio del petróleo. Una década después, un año antes de ser privatizada,

“A mayo de 1996, Repsol era un grupo petroquímico de carácter multinacional, con intereses y permisos de exploración en Indonesia y buena parte de América del Sur, que facturaba 2,7 billones de pesetas anuales y conseguía unos beneficios de 120.000 millones cada año. La aportación de beneficios para sus 300.000 accionistas era considerable y constante. En los tres años anteriores a la privatización había repartido un dividendo de 140, 171 y 181 pesetas por acción [ibídem][3].

Pero otro hecho permite cuestionar la cacareada españolidad (todavía) de la compañía. Su actual compleja estructura de monopolio vertical comprende muchas subempresas que trabajan en lugares diferentes a aquellos donde tienen su domicilio social (Luxemburgo, Suiza, Andorra, Islas Caimán, Bermudas…), lo que hace que Repsol consiga beneficiarse de los Acuerdos de Protección de Inversiones entre determinados Estados, de los juegos contables y ventajas tributarias permitidas en ciertos territorios.

Por ende, mucho puede objetarse a esa supuesta españolidad si nos atenemos a su composición accionarial. De acuerdo con datos de 2005, ya en ese año existía un importante componente de capital foráneo. PMI Holdings (perteneciente a Petróleos Mexicanos) poseía el 4,8%. Dos grandes segmentos de Repsol se componían de “participaciones extranjeras”: de Estados Unidos, con el 16,2% y del resto del mundo, con el 31,6%. Si sumamos a estos últimos la parte de Petróleos Mexicanos, resultaría un 52,6% total de capital exterior, lo que resta crédito a los mensajes que hablan de Repsol como empresa española. En este sentido,  

En Repsol YPF existe una creciente incidencia del capital estadounidense. El JP Morgan Chase, grupo dentro del cual se encuentra Chase Manhattan Bank tiene el 10,4% de las acciones que corresponden a EE.UU. (16,2%). La incidencia del Chase Manhattan Bank en la Repsol es tan grande que se considera que en pocos años la Repsol va a pasar a propiedad del Chase Manhattan Bank. El fondo de inversiones estadounidense Capital Group International incrementó su participación inicial de 2% en Repsol YPF a 5,4% en 2006[4]. 

El otro tema es el presunto autoritarismo demostrado con la medida expropiatoria de YPF. No es la primera vez que Cristina Fernández es objeto de un discurso mediático hostil en España, incluida esta imputación autoritaria. El País acostumbra desde hace tiempo a proyectar un mensaje sesgado contra la presidenta, como hizo en una crónica de su versión digital del 7/IX/2009, acusándola de “controlar los medios” cuando ésta, en aplicación del programa electoral por el que fue elegida, impulsó una ley antimonopolio en materia de medios de comunicación, similar a otras de Europa, Japón o Estados Unidos. Dicha ley haría que el grupo mediático argentino Clarín, propietario del periódico del mismo nombre, debiera elegir entre desprenderse de su televisión en abierto o renunciar al negocio del cable, y el grupo Prisa, editor de El País, tenía importantes negocios en común, justamente, con Clarín[5].

Volviendo a la renacionalización de YPF, ABC tiene dos motivos para denostar al Gobierno de Cristina Fernández. De entrada, el solo hecho de que un Estado adquiera una empresa clave para el control del sector energético supone una afrenta para los defensores del libre mercado y, según José Antonio Zarzalejos, ex director del rotativo en dos etapas diferentes, ABC es “partidario, desde su fundación, de la libertad de mercado desde el punto de vista económico”[6]. Pero más allá del terreno meramente ideológico, otro pecado imperdonable del Gobierno argentino, a ojos de ABC, ha sido expropiar YPF a la transnacional Repsol, precisamente nada ajena al accionariado de Vocento, el conglomerado mediático al que pertenece el diario. Destaquemos, por ejemplo, la doble condición de “Nemesio Fernández-Cuesta, presidente de honor de ABC y director general de Repsol-YPF”[7], quien puede presumir de haber tocado los tres palos del mundo de la comunicación, la alta política y la gran empresa, dado que

Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector energético y particularmente en Repsol. Participó en las negociaciones para la entrada de España en el Mercado Común Europeo y en la adaptación del Monopolio Español de Petróleos (CAMPSA) y el Protocolo del Gas. Ha sido Secretario de Estado de la Energía y Recursos Naturales […][8].

Con el fin de mantener en el tiempo los ataques al Gobierno de Cristina Fernández, en días posteriores a la fecha del citado editorial de ABC, el mismo periódico ofreció una pequeña entrevista, bajo el titular “Argentina se jacta de incumplir las reglas del juego”, a Graham Mather, a quien se le hacen preguntas como si Argentina es “un Estado gamberro” o “Cuáles serían los ‘puntos de dolor’ que se podrían pulsar” para que la nación austral salde sus cuentas pendientes con el FMI[9]. Para aclararnos un poco en relación con el entrevistado, éste “fue eurodiputado conservador en los 90 y trabajó para los gobiernos de Margaret Thatcher. Este veterano de los círculos del poder en Londres preside el European Policy Forum, un «think-tank» pro mercado que publicó en marzo un profético informe sobre el peligro de los incumplimientos económicos de Argentina”[10].

Cabe recordar que la ex primera ministra Thatcher (a la que nombrábamos como conspicua inspiradora de la ola de privatizaciones que sacó a Repsol del sector público español), ferviente defensora de la desregulación y las privatizaciones en materia económica, fue una de las más visibles abanderadas de la llamada ‘revolución conservadora’ mundial, de cuyas políticas devino un notable incremento de las desigualdades y la pobreza a nivel global. Pues bien, echemos un vistazo al mencionado informe de este antiguo colaborador suyo; todas las negritas corresponden al original, lo que, en algunos casos, resulta muy significativo. Para empezar, se revela que Argentina puede convertirse en un peligroso ejemplo a imitar:

En la actual situación internacional, en la que el impago de la deuda soberana se ha convertido en un problema en el caso de Grecia, el ejemplo argentino es un caso preocupante […] que desfavorece tanto a otros gobiernos como a instituciones crediticias del sector privado […], más aún si cabe, cuando Argentina ha aconsejado a Grecia seguir la estrategia de impago. Europa no puede permitirse que Grecia y otros estados miembros imiten este comportamiento.  […][11]

Un sector más o menos amplio de la ciudadanía española está percibiendo los actuales recortes como la pérdida de soberanía de su Estado intervenido, o como una merma de la independencia de su Gobierno en favor de las directrices de Angela Merkel, la canciller de Alemania, cuyos objetivos apuntan a que los bancos radicados en la nación teutona recuperen el dinero prestado al sector privado (principalmente) español. Aunque sea al otro lado del Atlántico, la larga historia de préstamos contraídos por Argentina desde hace décadas con instituciones internacionales no está exenta de implicaciones y paralelismos con la actual situación de la Unión Europea. ¿Podría el Ejecutivo de Alemania (donde, por otra parte, sus propios trabajadores nacionales llevan años viendo reducidos sus derechos laborales y capacidad adquisitiva) perder parte de su vigente capacidad de coacción sobre otros Gobiernos del continente, los de los países donde existe una abultada deuda con la banca germana? Siguiendo con el mismo texto del European Policy Forum: 

En un informe del Servicio de Investigación del Congreso (R41029 de 21 de enero de 2010), el especialista en comercio y finanzas internacionales del servicio, J. F. Hornbeck, indica: […] “el caso de Argentina demuestra que los gobiernos nacionales pueden ver limitadas sus iniciativas de influir en una nación soberana que toma la determinación de retrasar o negarse al reembolso de la deuda”. […] La acción unilateral de Argentina está claramente reñida con el mantenimiento de un sistema financiero internacional [...] esencial para la salud de la City de Londres. […]

Así pues, la línea adoptada por Argentina es un peligroso ejemplo y un perjuicio… sobre todo para los que se han venido en llamar últimamente ‘los mercados’. En particular, el sacrilegio argentino representa una mala influencia para el ‘Wall Street Guantánamo’, sobrenombre adquirido por la Bolsa londinense a raíz de sus prácticas financieras, escasamente sujetas a control público, donde se encuentran radicados el 80% de los hedge funds[12], fondos de inversión que consiguen la máxima rentabilidad a base de técnicas ‘de cobertura’: básicamente, cubrir sus operaciones más arriesgadas mediante otros productos financieros vinculados con ellas, tejiendo una compleja red multimillonaria mundial en la que sólo intervienen unos pocos inversores muy poderosos[13]. Las negritas del texto atraen la atención acerca de a quiénes merman “la salud” las políticas del Ejecutivo Fernández de Kirchner.

Según glosa el fragmento del informe de Mather, por tanto, hay “gobiernos nacionales” como el británico (aunque la referencia sería extensible al alemán) que se dedican a “influir en una nación soberana que toma la determinación de retrasar o negarse al reembolso de la deuda”; por ejemplo, Argentina (extrapolemos el caso a Grecia… o España). La cuestión es qué tienen que temer, concretamente, los primeros.

Al contrario que otras naciones en mora que negocian con los acreedores y suscriben la reestructuración voluntaria de la deuda, el Gobierno argentino […] aprobó una Ley Candado con la intención específica de avisar a los acreedores de que si no emprendían la vía coercitiva, sus deudas serían repudiadas. Irónicamente, Argentina alecciona ahora a Grecia y otras naciones de la UE sobre la estrategia de impago, lo que podría socavar seriamente las iniciativas de reestructuración de la UE.

Sustitúyase en el último fragmento el eufemismo “reestructuración” por el tabú ‘pago de la deuda’. En la radio, televisión y prensa españolas se repite que lo primero es saldarla y que no hay alternativa a las medidas ‘recomendadas’ por FMI, BCE y Comisión Europea (con la instigación de Merkel), a pesar de que dichas medidas supongan en los países deudores precarización laboral, disminución del salario directo, indirecto (prestaciones públicas) y diferido (pensiones), redistribución de las rentas del trabajo al capital (vía aumento de impuestos indirectos), pérdida del patrimonio del Estado (por las privatizaciones)… De no acatarse, nos dicen que se nos negará el dinero de Europa, lo que sería, según el mensaje unánime, aún peor que las duras consecuencias de esos préstamos. ¿Cómo pueden los Gobiernos europeos de los considerados países acreedores hacer acatar sus mandatos, “influir en una nación soberana”? A este respecto, regresemos a la situación argentina y busquemos la solución al enigma en el documento redactado por el ex eurodiputado conservador británico:

Frente a estos antecedentes, no sorprende que el Gobierno de Estados Unidos haya decidido votar en contra de los programas de préstamos del Banco Mundial para Argentina, excepto en el caso de aquellos que sirvan verdaderamente para alivio del sufrimiento humano de los pobres en Argentina. Quizás sea el momento para que el Gobierno de Reino Unido adopte un planteamiento similar, puesto que está claro que un porcentaje considerable de los préstamos actuales no cumplen en absoluto el criterio de sufrimiento humano. Las medidas para mejorar la seguridad vial, el aprendizaje permanente y los programas para mejorar la calidad de la administración pública no entran obviamente en esta categoría. […] También sería deseable que los representantes británicos en instituciones financieras internacionales promovieran medidas para reembolsar las deudas a acreedores oficiales y privados de Argentina.

Así pues, esta institución de pensamiento, defensora del intocable y libre Mercado, parece reconocer que el objetivo de “un porcentaje considerable” del dinero que presta uno de sus máximos organismos no persigue “en absoluto”  aliviar el “sufrimiento humano”. Por el contrario, se alude a medidas para “mejorar” aspectos como “seguridad vial”, “aprendizaje permanente” y la “calidad de la administración pública”. Dado el currículum político de Mather al lado de los gobiernos Thatcher, no parece descabellado suponer que tales programas tengan algo que ver con la entrada de capital privado en la prestación de dichos servicios. Por otra parte, intentando encontrar nuevos paralelismos, que cada uno evalúe, al hilo del tema del “aprendizaje permanente”, si los conocidos cursos de formación profesional ocupacional financiados por la Unión Europea han contribuido a que descienda el desempleo en España en los últimos lustros. Sobre todo porque, como contrapartida, se obligó a nuestro país a recortar la producción agrícola (acordémonos del arranque de olivos), ganadera (visualicen de nuevo los litros de leche derramados por los suelos de Cantabria) e industrial (pérdida, esta última, no directamente motivada por el establecimiento de cuotas, sino a raíz del Tratado de Maastricht, por la competencia de las industria foránea, más aventajada).  

Es posible que una interpretación heterodoxa de los argumentos expresados por el European Policy Forum nos pueda llevar a interesantes escenarios. Partamos, para empezar, de un par de premisas; eso sí, totalmente ajenas a su doctrina. Uno: los llamados rescates aumentan el déficit (porque se supone que luego el Estado debe devolverlos, y con intereses). Dos: los recortes en gasto e inversión pública también agrandan tal déficit (porque deprimen la actividad económica en general, lo que dificulta la recaudación de ingresos estatales). Conclusión necesaria: la deuda se torna progresivamente impagable (aunque jamás será reconocido por el ‘establishment’).

Confrontemos con esta primera conclusión otra, ésta sí suministrada por el think-tank británico: la supervivencia de la gente en dificultades no depende sustancialmente de los préstamos internacionales, puesto que en un “porcentaje considerable” éstos “no cumplen en absoluto el criterio de sufrimiento humano”. Muy al contrario, el objetivo de las instituciones neoliberales es el “mantenimiento de un sistema financiero internacional [...] esencial para la salud” no de las personas sino de las grandes Bolsas (en suma, actividad especulativa), tal como confiesa el documento.

En síntesis, dado que si la deuda externa es impagable, los préstamos de los acreedores no sirven para gran cosa y tanto los Gobiernos de los países deudores como los de los acreedores lo saben, ¿por qué no guiarse por el famoso aforismo según el cual si debes diez mil dólares al banco tienes un problema, pero si debes diez millones el problema lo tiene el banco? ¿Qué ocurriría de adoptar el camino de la herejía argentina aquí, en los países deudores de Europa, a quienes desde la City de Londres nos aplican acrónimos de jugosas interpretaciones freudianas como ‘cerdos’ (PIGS) o ‘gitanos’ (GIPSI)?[14] ¿Es totalmente cierta la disyuntiva entre rescate o caos?

Muchas personas piensan que el rescate contraído por el Ejecutivo español proveniente de Bruselas (bajo la edulcorada expresión “línea de crédito”), con la coartada de salvar a los bancos y, con ello, a las ‘pymes’ y familias, poco va a aliviar, en realidad, el “sufrimiento humano” de las clases populares. El Gobierno argentino, como los demás, sabe que los préstamos internacionales no hacen tal cosa, pero a diferencia del griego, portugués o irlandés, ha decidido “incumplir las reglas del juego”; un juego que, retomando la expresión del periodista de ABC que entrevistó a Graham Mather, no pretende aliviar los “puntos de dolor” de la amplia mayoría de la población española, cada vez más dolorida. ¿Qué hizo a Argentina cambiar de juego? Quizá la dolorosa experiencia de un par de décadas de círculo vicioso de préstamos ad infinitum, adopción de una moneda extranjera de hecho a través de la paridad con el dólar (como en España adoptamos el marco alemán, rebautizado como euro), privatización masiva del sector público y recetas neoliberales. Con la Argentina de los ochenta y noventa ya compartimos hasta el abultado currículum de desmedida fiebre y éxito deportivo. La cuestión clave es si seremos capaces de escarmentar en cabeza ajena o tendremos que pasar, haciendo realidad la previsión krugmaniana, por nuestro propio ‘corralito’.

(Manuel Rodríguez Illana. Profesor de ESO y afiliado a USTEA)


[1] REIG, Ramón (2004): Dioses y diablos mediáticos. Cómo manipula el Poder a través de los medios de comunicación. Barcelona: Urano.
[2] ABC (edición de Sevilla), 13/IV/2012, página 4.
[3] MOTA HERVÍAS, Jesús (1998): La gran expropiación. Las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP. Madrid: Temas de hoy. Página 317 y siguientes.
[4] VV.AA. (2006): Repsol. ¿Quién es? ¿Qué hace en Bolivia? Cochabamba: Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB. Páginas 4 y 5.
[5] REIG, Ramón (2010): La telaraña mediática. Cómo conocerla, como comprenderla. Sevilla-Zamora: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Página 170 y siguientes.
[6] SERRANO, Pascual (2009): Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo. Barcelona: Península. Página 63.
[7] Ibídem, página 76.
[8]           REPSOL. “Consejo de Administración. Miembro: Nemesio Fernández Cuesta”. http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/comite_de_direccion/cd_nemeso_fernadez_cuesta.aspx. [Consultado el 9/IX/2011.]
[9] ABC de Sevilla, 25/IV/2012, página 65.
[10] Ibídem.
[11]Why Argentina’s debt matters to Europe”, Background Bulletin, March 2012, escrito por el citado Graham Mather. Documento disponible en http://www.epfltd.org/publications.htm.
[12] NAVARRO, Vicenç; TORRES LÓPEZ, Juan y GARZÓN ESPINOSA, Alberto (2011): Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Madrid: Sequitur. Página 70.
[13] Ibídem. Página 22.
[14] Siglas inglesas. PIGS: Portugal, Irlanda, Grecia, España (‘S’ de Spain). GIPSI: adición de Italia al grupo.

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