30 de noviembre de 2012

Corrupción contra el cáncer

El centro de investigación Príncipe Felipe (Valencia) ha despedido a 108 trabajadores de los 258 empleados con los que contaba, 79 son Científicos, los que se quedan tienen una reducción de salario. Se han cerrado 14 líneas de investigación, algunas eran sobre el cáncer, Parkinson o alzheimer.

Pero han gastado 3 millones de € organizando un campeonato de golf de un fin de semana en Castellón y 15 millones de € en unas torres de Calatrava que al final no se van a construir.

Han comprado "por un precio simbólico" la empresa Valmor Sports , encargada de la organización de la formula 1, pero se hacen cargo de 30 millones de € de deuda.

El viernes es el día mundial del Cáncer. Te agradecería que lo reenviaras. El 93% no lo hará Ah!!! La única petición es que mantengas esto circulando, aunque solo sea a una persona más. Por la memoria de alguien que conozcas que ha sido vencido por el cáncer o que aún vive con él.



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(Dra. Mariela Gómez García. Departament de Bioquimica i Biologia Molecular.

Facultat de Farmacia. Universitat de Valencia).

Situación real en Gaza




Aquí os muestro un vídeo de sólo 19 mins de bombardeo sobre Gaza, nov-2012... (aunque tales duraron varios días):
 

Realmente no considero a los principales medios como cómplices de la masacre de niños palestinos por negarse a mostrar imágenes como las que difundo... pero sí estoy convencido de que si se atrevieran a mostrarlas, evitarían gran parte de estos asesinatos... ya que, a  diferencia de otros regímenes del mundo, a Israel le importa mucho la opinión pública.

Bien es cierto que Israel los presiona para que no las muestre pero en cambio no tienen reparos en mostrar cualquier impacto de cohete palestino (aunque el 99 % de estos sean inócuos, caigan al mar o en el desierto), vídeos falsos como los que se veían supuestamente a palestinos celebrando el ataque de las torres gemelas;  también inundan nuestras cuentas de correo con noticias falsas como la de "las bodas de Hamas", donde pretendían vendernos a tal partido político como "pedófilos" que se casaban con niñas de 10 años, cuando realmente pretendían adoptar tales huérfanas supervivientes de masacres cometidas una vez más por el ejército israelí ("encima de cabrones, apaleaos", que se dice).
 
Además algunos organismos judíos internacionales acosan a los medios que se atreven a mostrar imágenes sobre las atrocidades diarias que cometen los israelíes contra los palestinos...acusándolos de "antisemitas", atosigándoles con miles de cartas/emails de protestas (como hacen los embajadores israelíes contra los medios que "osen" criticar su gobierno)

Por otro lado hay grandes grupos de poder de cristianos sionistas, el propio gobierno israelí y otros que difunden mentiras sobre los palestinos... Inundan la red con contrainformación para que la gente no sepa qué pensar, que opinen que "todos están locos" o "todos son culpables y no podemos hacer nada" (el empate les vale, puesto que pueden seguir ocupando, masacrando o quemando olivos... mientras el resto del mundo opine que es "una guerra entre dos países") como dijo Goebels, "miente, miente que algo queda..."

¿Qué podemos hacer?
  • Reenviar este vídeo:
    • ¿por qué todo el mundo se informó y vio imágenes del atentado del 11-S distribuidas por los medios de comunicación y la masacre y destrucción que sufre a diario el pueblo palestino a penas tiene relevancia para tales medios?
    • ¿acaso no son personas...?
    • los que asesinaron a cientos de inocentes en el 11-S y a decenas de inocentes en el 11-M son perseguidos y juzgados: ¿por qué no se persigue y juzga a los asesinos de miles de niños (y mujeres, y ancianos, y hombres...) palestinos en lo que va de década?
    • Al contrario de esto tenemos tratados preferentes con tales asesinos, además de venderles armas...
  • Difundir la información, avalada por:
  • También podéis dejar comentarios en los periódicos digitales, criticar su mala praxis...

29 de noviembre de 2012

Firma contra la ley Wert

https://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educaci%C3%B3n-jos%C3%A9-ignacio-wert-retirada-anteproyecto-ley-lomce-y-di%C3%A1logo-con-comunidad-educativa/sponsors/new#

23 de noviembre de 2012

La Abogacía facilita a los ciudadanos un escrito para la suspensión inmediata de los desahucios. Difundid


Juzgado Primera Instancia nº
Ejecución hipotecaria nº
AL JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº........ DE ..............
(SI LO PRESENTA DIRECTAMENTE EL CIUDADANO)
D. XXXX, con DNI XXXXX, en su propio nombre y derecho, con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXX, C.P. XXXXX, localidad de XXXXXXXXXXX, ante el Juzgado y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
(SI LO PRESENTA A TRAVÉS DE PROCURADOR)
XXX, Procurador de los Tribunales y de XXX, según tengo acreditado en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº XXX, ante el Juzgado y como mejor en Derecho proceda, DIGO:
Que mediante el presente escrito interesamos la suspensión inmediata de las presentes actuaciones, en base a las siguientes,
A L E G A C I O N E S
PRIMERO- EMERGENCIA SOCIAL Y ALARMA SOCIAL
Es un hecho manifiesto y notorio que el presente procedimiento de ejecución hipotecaria se enmarca una situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007, como resultado de la actividad antisocial de las entidades financieras y de una legislación injusta.
La alarma social generada por esta situación se ha hecho aún más evidente en las últimas semanas, en las que el drama de las ejecuciones hipotecarias ha irrumpido con mayor fuerza en primera línea de la actualidad.
Esta situación de emergencia social ha sido reconocida por la propia Asociación Española de Banca, que en un comunicado hecho público el pasado día 12 de noviembre, se hace eco de la "alarma social generada por los desahucios hipotecarios", y expone el "compromiso de las entidades miembros de la AEB, por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". De igual modo la CECA ha acordado suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades.
El presidente del Gobierno también ha reconocido el carácter extraordinario de la situación social generada por los procedimientos de ejecución hipotecaria, manifestando que "estamos viendo cosas terribles, inhumanas" y que estudia "paralizar los desahucios que afectan a las familias más vulnerables".
El sindicato de policía SUP ha expresado que apoyará y respaldará jurídicamente a los policías que se nieguen a participar en desahucios.
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El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que los jueces pueden actuar para "suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial al caso concreto" amparándose tanto en normativas comunitarias como en principios constitucionales o de derecho contractual, máxime cuando se trata de situaciones "de verdadera crispación o de atentado a un derecho fundamental como es el de la vivienda".
Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento a los jueces para que "suspendan automáticamente todos los desahucios".
Desde el Foro Judicial Independiente se "recomienda a los miembros de la carrera judicial con competencias en la materia la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria pendientes de tramitación en los juzgados de toda España".
Recientemente desde la Asociación Profesional de la Magistratura se afirmaba que "Las entidades han convertido los tribunales en sus oficinas recaudatorias" y que se trata de "de una situación preocupante y muy dolorosa. Un drama social".
Y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha expuesto también su posición de una forma rotunda: "No más desahucios por impago de deudas hipotecarias".
Las anteriores manifestaciones son prueba de que existe una auténtica alarma social en materia de desahucios, alarma concretada en los 400.000 desahucios que se han producido en los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitando en los juzgados españoles; esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora de interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo "a la realidad social del tiempo en que de ser aplicadas", lo que en el tiempo presente exige una clara visión pro ciudadano.
SEGUNDO.- VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y diferentes entidades de la sociedad civil han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria masivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos puesto que sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión.
Corresponde al juzgador interpretar las normas relativas a derechos fundamentales que la Constitución Española reconoce de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE). Los derechos humanos están llamados para que resulten efectivos y no meramente ilusorios.
La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ejecuciones hipotecarias masivas llevadas a cabo por las entidades financieras también vulnera el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Se trata de un derecho humano consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España
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y que forma parte del ordenamiento interno español (art. 96.1 CE), y que en su art. 11.1 establece que los Estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para realizar "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (...) vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."
Las referidas ejecuciones hipotecarias masivas en el actual entorno de crisis económica-financiera y con alta tasa de desempleo que imposibilita a las personas costear la financiación de sus viviendas, conllevan a la práctica de desalojos forzosos, con igual carácter masivo, incompatibles con las normas del PIDESC y su realización conculca gravemente otros derechos fundamentales como "violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios", según indica en su Observación General n° 7 el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las "condiciones de vigencia" de este instrumento. La referida Observación general expresa que "el término "desalojos forzosos" se define como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos"
Según el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (Naciones Unidas A/67/286 Asamblea General) de fecha 10 de agosto de 2012 "en España se han ejecutado más de 350.000 hipotecas desde 2007, y en 2011 tuvieron lugar aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos al día. La crisis ha afectado desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, que fueron los últimos en ingresar en los mercados hipotecarios y los primeros en sufrir las consecuencias de las crisis en razón de su escasa resiliencia a las conmociones económicas y su poca capacidad de pago. Algunas investigaciones recientes indican que la mayor parte (el 70%) de los impagos registrados en España guarda relación con la crisis del empleo y que el 35% de las propiedades ejecutadas pertenecen a migrantes.".
De acuerdo con los últimos datos del CGPJ en su informe "efectos de la crisis en los órganos judiciales" en el segundo semestre de 2012 se han iniciado más de 50.000 procesos de ejecución hipotecaria por lo que se superarán las 400.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis.
La violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías sería a su vez constitutivo de una violación de derechos fundamentales de las personas de la que podría devenir responsabilidad del Estado por violación sistemática de los derechos humanos, puesto que la mencionada violación se deriva de la aplicación del derecho interno y por la aplicación masiva ante la que nos encontramos.
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TERCERO.- NORMATIVA DE CONSUMIDORES
La hipoteca que se ejecuta fue otorgada a una persona física para la adquisición de una vivienda por lo que goza de la condición de consumidor según establece el Art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante ROL 1/2007).
De la lectura del artículo 51 en relación con el 53.3 CE se concluye que la defensa de los consumidores y usuarios ha de considerarse un principio general informador del ordenamiento jurídico en un doble sentido: por una parte, obligando al legislador a adoptar las medidas normativas precisas y, por otra, atribuyendo a los órganos encargados de aplicarlas el deber de interpretar las normas en un sentido favorable a los legítimos intereses de los mismos. Y este principio se ve reforzado cuando los derechos del consumidor guardan relación directa con un bien o servicio de uso común, ordinario y generalizado, como es el caso de los préstamos con garantía hipotecaria y más cuando son otorgados con la garantía de la vivienda familiar. La defensa de los consumidores y usuarios es, en consecuencia, una de las exigencias que derivan del componente social de nuestro Estado de Derecho que, en palabras del Tribunal Constitucional en STC 123/1992, de 28 de septiembre, cuya tendencia siguen otras Sentencias del Tribunal Constitucional 98/1993 y 177/1993 "...significa una acción tuitiva del más débil o desvalido cuando surge un conflicto en el cual la prepotencia del contrario le haría ser siempre el perdedor, para conseguir así la igualdad real o efectiva de individuos y grupos, a la cual encamina el artículo 9 de la Constitución y, con ella, la justicia."
Debiendo señalar para finalizar que tal y como se indicó en la STC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6, nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos.
CUARTO.- CUESTIÓN PREJUDICIAL
La regulación actual del procedimiento de ejecución hipotecaria español ha sido objeto de numerosas críticas desde múltiples sectores jurídicos, principalmente dada la indefensión en la que sitúa al ejecutado.
Estas dudas jurídicas se han planteado por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, y ha dado origen a la cuestión prejudicial C415/2011.
Se plantea al TJUE si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados, establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.
Asimismo, en la cuestión prejudicial se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de que pueda dar contenido al concepto de desproporción de la normativa de consumidores a la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo por incumplimientos en un
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periodo muy concreto, a la fijación de intereses de demora abusivos, y a la fijación de mecanismos de liquidación de los intereses variables realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria, dado que permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble
La Comisión Europea en su informe de febrero de 2012, aportado al procedimiento, advierte que la LEC no respeta el derecho comunitario si mantiene un sistema de oposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado el lanzamiento al deudor, y si los Intereses moratorios que se pudieran aplicar al deudor fueran desproporcionados.
Las conclusiones de la Abogada General del TJUE, presentadas el 8 de noviembre de 2012, son contundentes al sostener que la normativa española sobre ejecuciones hipotecarias vulnera la normativa comunitaria, dado que es incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Estima que no supone una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato que el consumidor que pretende instar la nulidad de las cláusulas deba soportar sin posibilidad de defensa la ejecución hipotecaria, la subasta de la vivienda y el desalojo de la misma, y que solo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios. La Directiva europea exige que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas del préstamo que permita detener la ejecución forzosa. Considera que la efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva exige que el órgano judicial que conoce del procedimiento declarativo deba disponer de la posibilidad de suspender de forma provisional el procedimiento ejecutivo, con objeto de detener la ejecución forzosa, hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación como la pérdida de la vivienda que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
Por ello desde el momento en que la Ley actual, de forma flagrantemente contraria al derecho comunitario, ha impedido poder plantear oposición en este procedimiento se ha impedido hacer uso del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos y de aplicación del principio de legalidad. Debe señalarse que aunque se trate de las conclusiones y no de la sentencia, lo cierto es que viene apoyado por el informe de la Comisión Europea, y que a todas luces merece el consenso jurídico.
Y mientras ello no se permita y tenga su reflejo legal expreso, dado el perjuicio irreparable que puede causarse al ejecutado, o bien el procedimiento debe quedar suspendido o bien SSª debe de admitir de oficio la nulidad de las presentes actuaciones, retrotraerlas a la admisión de la demanda, apreciar si existen o no clausulas abusivas y darme la posibilidad de poder plantear oposición .
En este punto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional en su Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004, reafirmó la primacía del Derecho comunitario sobre Derecho interno entre el que se encuentra el texto constitucional estableciendo que "Reiteramos el
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reconocimiento de esa primacía de las normas del Ordenamiento comunitario, originario y derivado, sobre el interno, y su efecto directo para los ciudadanos.
QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
A resultas de lo planteado, y siendo probable que el procedimiento de ejecución hipotecaria de España sea considerado por el TJUE contrario a la normativa sobre consumidores, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa de los deudores hipotecados y a la prohibición de indefensión, y es imperativa para el juzgador la protección de derechos fundamentales en el procedimiento y su actuación urgente.
SEXTO.- SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL PROCEDIMIENTO
Se interesa así mediante el presente escrito se proceda a la suspensión del curso de las actuaciones por los motivos que se fundamentan a continuación:
I.- POR PENDENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE
Dado el consenso jurídico con las conclusiones de la Abogada General del TJUE y la relativa inminencia de la Resolución del TJUE en las próximas semanas, es absolutamente necesaria la suspensión de las actuaciones, en aras de evitar, como preventivo de la cosa juzgada, la promoción de otro procedimiento entre las mismas partes, y el mismo objeto o proceder en su caso a la nulidad de las presentes actuaciones, por ende procede paralizar el presente procedimiento por el principio de economía procesal en aras de evitar la simultánea tramitación de dos procesos.
Señalamos en base a la reiterada jurisprudencia comunitaria que la normativa reguladora de los procedimientos de ejecución hipotecaria es ilegal, inconstitucional y contraria al derecho comunitario. Pero aún en el caso de que se considerara que dicha cuestión prejudicial tratara de una cuestión novedosa que hiciera preciso el pronunciamiento por parte del tribunal debería decretarse igualmente la suspensión inmediata del presente procedimiento. Nos basamos en dicha petición a un caso similar planteado por una entidad bancaria el BBVA que solicitó, y obtuvo, la suspensión de un procedimiento INAUDITA PARTE, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva resuelto por medio de Auto del TC 16/2011 de 25 de febrero de 2011.
Tal como consta en dicho auto la entidad recurrente solicitaba la suspensión inaudita parte en la propia providencia de admisión a trámite, por razones de urgencia excepcional, de las resoluciones judiciales impugnadas asimismo razonaba la entidad bancaria recurrente en amparo que, de no acordarse la suspensión interesada, se ocasionaría un perjuicio irreparable no solo a la propia recurrente sino también a sus clientes. La entidad bancaria solicitaba, y OBTUVO, la tutela cautelar inaudita parte alegando que esa decisión se dictaba en un escenario de absoluta perentoriedad y de especialísima urgencia. EL TC admitió dicha petición y desestimó el recurso de súplica presentado por el Ministerio fiscal argumentando:
Pues bien, es justamente la concurrencia en el presente caso de una circunstancia de urgencia excepcional [...] por la que, en aplicación de previsto en el art. 56.3 LOTC, se acordóì la inmediata suspensión cautelar de la providencia de 29 de noviembre de 2010, del Auto de 20 de octubre de 2010 y de la providencia de 27 de enero de 2011 del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, en procedimiento de diligencias preliminares núm. 1711-2010. En efecto, la ejecución
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de las referidas resoluciones judiciales [...] habría producido un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que hubiera convertido en inútil el recurso de amparo interpuesto por BBVA. [...] siendo evidente que de haberse consumado [...] el recurso de amparo interpuesto por BBVA habría perdido su finalidad, convirtiendo en ineficaz un eventual pronunciamiento de este Tribunal estimatorio de la alegada vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales (art. 18.1 y 4 CE).
Pues bien si esa petición de un listado suponía una situación de perentoriedad y extrema urgencia para la entidad financiera a la que se concedió amparo qué no decir de la situación de las más de 50.000 familias con procedimientos de ejecución hipotecaria presentados en el presente año y que serán 100.000 al finalizar el mismo. Personas que van a ser desposeídas de sus casas en base a procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales, contrarios a los derechos humanos y las más elementales normas de Justicia condenando a familias sin recursos a la calle y con una condena de por vida, o si se quiere hasta la muerte, por el único pecado de querer tener un techo donde poder dormir. Si SSª no acordara con carácter inmediato la suspensión del procedimiento o la retroacción de todas las actuaciones hasta el momento de presentación de la demanda lo que debería llevar a cabo es decretar la inmediata suspensión del procedimiento permitiéndome, en su caso, plantear los recursos correspondientes ante SSª y el TC.
De igual modo SSª podría decretar la suspensión del procedimiento hasta en tanto el TJUE no se pronunciara sobre la adecuación a la normativa comunitaria del procedimiento de ejecución hipotecaria teniendo en cuenta que afecta a derechos humanos esenciales reconocidos en nuestra Constitución como son el derecho a la vivienda y el derecho a la vida porque es incontestable que a la luz de los desgraciados últimos acontecimientos las ejecuciones hipotecarias ponen en peligro el derecho a la vida y a la integridad física y moral establecida como derecho fundamental en el artículo 15 de la CE.
SSª tiene en este escrito los fundamentos jurídicos y morales, para decretar la inmediata suspensión de no tan sólo este sino de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se tramitan ante este juzgado y paralizar las prácticas contrarias a Derecho que se vienen llevando a cabo contra miles de ciudadanos. Esta en su mano que los ciudadanos ejecutados en este juzgado puedan salir del túnel del terror hipotecario y hacer prevalecer sus derechos.
II.- POR PREJUDICIALIDAD CIVIL
Se interesa asimismo se proceda a la suspensión del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 43.I de la LEC que textualmente dicta "cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial".
En este orden de cosas, sobre el objeto del presente litigio está pendiente la resolución de la Petición (hecho cuarto) de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (España) el 8 de agosto de 2011 - Mohamed Aziz/Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Asunto C-415/11) (2011/C 331/10), suspensión que deberá de mantenerse hasta
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que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial, en tanto la decisión del TJUE es base lógico jurídica necesaria para la resolución del presente procedimiento, atendiendo así a la seguridad jurídica a fin de evitar posiciones contradictorias.
En el presente caso, la petición sobre suspensión se solicita por este compareciente, motivo por el que se solicita de ese Juzgado, se dé traslado de la misma a la contraparte a fin de que en el plazo concedido al efecto pueda en su caso prestar el consentimiento necesario al que se refiere el precepto referenciado supra.
SÉPTIMO.- PLANTEAMIENTO SUBSIDIARIO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL
Por medio del presente escrito manifiesto que me siento en grave indefensión, sin posibilidad de hacer efectivo mi derecho a la defensa por las graves deficiencias procesales, en criterio concurrente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos de defensa de los derechos humanos y de la abogada general del TJUE.
Es por este motivo por el que le solicito que en caso de no apreciar la suspensión por los motivos descritos precedentemente, considere ese Juzgado, de manera subsidiaria proceder de oficio al planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en los mismos términos que la presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (Asunto C-415/11), ante el TJUE, antes de quedar los autos conclusos para dictar la correspondiente resolución judicial, dando traslado a las partes para que alegaren lo que su derecho les conviniere cuanto a la posibilidad de plantear dicha cuestión, en base a la jurisprudencia comunitaria antes descrita toda vez que ya han sido reiterados y reconocidos por nuestros propios tribunales, la obligación de poder declarar de oficio en cualquier procedimiento la existencia de clausulas abusivas así como la necesidad de que los ciudadanos ejecutados en los procedimientos hipotecarios tengamos la posibilidad de poder plantear en los mismos la existencia de clausulas abusivas como motivo de oposición sin tener que remitirnos a un procedimiento declarativo posterior.
En base a la jurisprudencia comunitaria sobre el examen de oficio por el tribunal de las cláusulas abusivas, en el resto de procedimientos de ejecución hipotecaria que se tramitan en este Juzgado, SSª de oficio puede plantear también esta cuestión.
Por todo ello,
SOLICITO AL JUZGADO: Que tenga por presentado el escrito y por realizadas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo acordando la suspensión inmediata del mismo hasta en tanto en cuanto no se lleve a cabo la modificación en la Ley procesal que permita el planteamiento de motivos de oposición basado en la existencia de clausulas abusivas o, subsidiariamente la declaración de nulidad de actuaciones y petición de retroacción al momento procesal de admisión de la demanda, o en su caso, proceda a plantear cuestión prejudicial en los mismos términos que la presentada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Asunto C-415/11), ante el TJUE.
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Por ser justicia que pido en ..........., a *** de noviembre de 2012
OTROSI DIGO PRIMERO: Que para el supuesto de que SSª considerara que este escrito debe ser presentado por Abogado y procurador me sea notificada dicha resolución, y sea igualmente suspendido el procedimiento a los efectos de solicitud de Justicia Gratuita o presentación por el letrado de oficio que pudiera representarme.
Por ello,
SOLICITO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, a los efectos oportunos y acuerde de conformidad.
OTROSI DIGO SEGUNDO: Que dado que la presente petición se formula amparandose en el incumplimiento del Estado español de una normativa comunitaria que en modo alguno me puede ser imputada, que en tanto en cuando se mantengan las causas de suspensión ello no me suponga mayores perjuicios derivados de la continuidad en el devengo de los intereses moratorios.
Por ello, nuevamente,
SOLICITO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, a los efectos oportunos y acuerde de conformidad.

21 de noviembre de 2012

Terrorismo de Estado en España: oleada de suicidios ante los desahucios judiciales

Amaia Egaña, R.I.P. 9/11/2012, de 53 años de edad se ha suicidado arrojándose al vacío desde el cuarto piso de su casa cuando la comisión judicial iba a proceder a ejecutar el desahucio del hogar de su familia por impago de la hipoteca en medio de la grave crisis económica reinante en España. El suceso ha tenido lugar sobre las 9.20 horas en la calle Altos Hornos de Barakaldo. Amaia deja marido y un hijo. El mandatario local se ha negado a informar.

Amaia es el último caso de los reiterados y desgarradores suicidios públicos que se están produciendo en España en el seno de familias trabajadoras que las fuerzas de seguridad españolas están arrojando a la calle por la fuerza cuales perros vagabundos por orden de los órganos judiciales españoles.
Oleada de suicidos ante los desahucios en España


España, año 2012, siglo XXI. Fuentes judiciales indican que desde el año 2008 se han ejecutado 350 mil desahucios en España y otros 250 mil se encuentran en proceso debido a la crisis económica y al desempleo masivo que impiden a muchas personas pagar la hipoteca de su hogar. Actualmente, se vienen produciendo 500 desahucios diarios en el país.

Esta sangría a la población esquilma impunemente a la ciudadanía española, mientras la criminal banca, culpable y responsable de la prefabricada crisis económica del mundo desarrollado occidental es rescatada reiteradamente por los sucesivos gobiernos lacayos y esbirros al servicio de sus amos quienes han dejado ya más que patente que la ignorante población que aún sigue votándoles les importa un pimiento.

Lo más grave es que los órganos judiciales y policiales están siendo parte activa de este crimen contra la población, podría llamársele perfectamente terrorismo de estado, excusados por una injusta y despiadada ley hipotecaria establecida en España en el año 1946 (Wikipedia, Ley Hipotecaria española).

Afortunadamente, no todos los miembros de los cuerpos oficiales están de acuerdo con esta aberración del sistema y ya se están manifestando abiértamente en contra. El Sindicato Unido de la Policía de España (SUP) ya ha anunciado que apoyará a aquellos agentes de policía que tengan moral y se nieguen por motivos de conciencia a ser participes de los inhumanos desahucios que están siendo ejecutados por las fuerzas de seguridad.



Policia española ejecutando un desahucio en Mollabao, Galicia
Finalmente, tras numerosos suicidos motivados por los cientos de miles de desahucios que se están produciendo en España, la hipócrita asociación bancaria española anuncia que podrían suspender los desahucios en aquellos casos de “extrema necesidad”????, al tiempo que el cínico presidente español comunica a bombo y platillo a la prensa que siente mucha lástima por esas pobres víctimas. “Bonitas y reconfortantes” palabras emitidas a toro pasado para la galería por estas alimañas político-bancarias que nos parasitan a todos.

¿No es hora ya de que banqueros y políticos culpables de crímenes y traición a su pueblo vayan a la cárcel?

20 de noviembre de 2012

Todos con Palestina

Con petición de difusión:

Asunto: Reunión preparatoria de una manifestación por Palestina
día y hora: Miércoles 21 de Noviembre a las 19:00h
lugar: sede de Derechos Humanos de Andalucía (C/Blanco White, 5)

Al final de la concentración de ayer en Sevilla propusimos a los asistentes una reunión de todos los colectivos sociales, políticos, sindicales, conscienciados con lo que está ocurriendo en Gaza para preparar una manifestación en Sevilla de repulsa de los crímenes de guerra y de solidaridad con el pueblo palestino.
La reunión será el miércoles 21 a las 19:00h de la tarde en la sede de Derechos Humanos (Avda. Blanco White, nº 5) (paralela a Luis Montoto).

Os esperamos.

Renta Básica: hacia un nuevo pacto social


Este jueves, a las 18.00 h, en el Centro Cívico Las Sirenas, barrio de La Alameda (Sevilla), hemos organizado un Laboratorio de Ideas sobre Renta Básica Universal. Creemos imprescindible impulsar el debate social y político sobre lo que entendemos será una pieza básica del nuevo pacto social para una sociedad justa, equitativa y sostenible.
 
Participa como ponente invitado Daniel Reventós, coordinador de la Red de Renta Básica, e intervendrán representantes de diversas organizaciones sociales que expondrán su perspectiva sobre el tema. 

Esperamos contar con tu presencia y con tu ayuda para difundir el encuentro

En tierra de nadie




Hace tiempo que me levanto cada mañana con el desasosiego de quien no tiene patria ni nombre, con la sensación de vivir en tierra de nadie. Mientras, observo cómo mi país, España, se convierte en un puzzle de piezas inconexas que sólo tienen en común el llanto, la carencia de diálogo, la desesperación, la rabia... Mi profesión, desde hace siete años, es impartir clases de Lengua castellana y Literatura en la Enseñanza Pública. Sí, soy una de esas funcionarias que habita un espacio, hostil, para muchos, desconocido, por otros, y tristemente vilipendiado desde hace décadas por la clase política. Pero, para mí, es el espacio en el que trabajo de una manera realmente agotadora cada día. En él siempre he encontrado una mano amiga, muestras de afecto por parte de mis alumnos y el respeto, en muchas ocasiones, de aquellos que observan cómo el futuro de sus hijos navega sin rumbo fijo a pesar de que yo, y otros muchos compañeros, no podemos evitarlo. Vivo, por tanto, en tierra de nadie. Y pienso, honestamente, que ser profesora de Lengua en España se ha convertido en una misión imposible.

¿Cómo explicar a los alumnos que habitamos un espacio en el que las palabras han perdido por completo su función dentro de la vida pública? ¿Cómo explicar que conceptos como, “compromiso”, “dignidad”, “esfuerzo”, “honestidad”, “lealtad”, “cultura” o “libertad” son palabras vacías en nuestra realidad cotidiana? Cada día nos desayunamos con discursos en los que se acumulan significantes carentes de todo significado: patada directa a la lingüística en toda regla. Y lejos de continuar aquella premisa definida por García Márquez (construir la realidad mediante palabras), nos dedicamos a destruir la realidad cada día con conceptos que nos sólo no la definen, sino que la enmascaran. En nuestros bosques ya no florecen rosas, ya no florecen palabras. Hemos sido los mayores pirómanos: En sólo unos años hemos arrasado la tierra fértil por la que nuestros antepasados han luchado durante décadas: la Igualdad.

Sí, es muy complicado que un adolescente llegue a comprender el significado de la palabra “compromiso”. Es complejo que entienda aquello de que “un hombre vale lo que vale su palabra” mientras contempla a diario cómo la clase política practica en su vida profesional justo lo contrario de lo que pregona en sus campañas electorales. De la misma manera, es muy difícil explicar el significado de la palabra “dignidad” mientras miles de personas están siendo desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente a una hipoteca, convirtiéndose así en los mártires de esta situación perversa. ¿Y qué decir del “esfuerzo”? Durante años hemos podido comprobar cómo en España se lograba un salario bien remunerado sin ni siquiera acabar la ESO, mientras aquellos que se esforzaban en concluir estudios universitarios veían, tras muchos años de lucha, un futuro más que desalentador, un futuro que hoy se ha convertido en una realidad espeluznante. Con respecto a este tema, resultan bastante ilustrativas las palabras de un alumno en clase hace un par de años: “Profesora, no quiero esforzarme en sacar los estudios. Mi padre no estudió. Ha ido trabajando en todo aquello que le ha salido y nos ha ido muy bien. Es verdad que ahora está en el paro y dicen que es por esto de la crisis. Pero mi tía tiene dos carreras universitarias y no creo que trabaje nunca. Al menos, aquí, en España, tengo claro que no”. Ante tal afirmación no tuve más remedio que guardar silencio. No encontraba palabras...Es muy angustioso para una profesora de Lengua no encontrar palabras que ayuden, que fortalezcan, que calmen, que despierten alguna esperanza en este panorama desolador. Pero es más duro aún, si cabe, comprobar que tu voz, junto con la de muchos compañeros de profesión, no sólo no se escucha sino que se silencia. Porque aquellos que deberían callar son precisamente los únicos que gritan y acrecientan un caos violento que sólo genera más y más violencia. Mientras, yo, desde mi humilde sillón de profesora, contemplo cómo se fusilan palabras: “honestidad, “solidaridad”, “respeto”, “tolerancia”, “cultura”...y se concluye con el tiro de gracia de la única palabra que puede devolvernos la esperanza: “libertad”.

Por ello pido a todos los padres, hijos, alumnos, compañeros y ciudadanos, en general, que no permitamos que esta situación se prolongue. Cada vez que se cambia una palabra por un cheque sin fondo, cada vez que se fusila una palabra, estamos obligados a morir en tierra de nadie.

(Ángela María Ramos Nieto. Profesora de Lengua castellana y Literatura).

19 de noviembre de 2012

Con la que está cayendo

Muchos de vds pensarán: frente a tanto sufrimiento de tantos millones de personas a causa de esta política del PP, a favor de los ricos y contra el pueblo, con los suicidios por desahucios, con este ataque de feroz terrorismo financiero contra la sociedad y las familias, seguramente, los obispos españoles estarán preparando una defensa evangélica de los parados, los emigrantes, las familias en la calle por los desahucios, los autónomos arruinados, etc. Y seguro que también estarán trabajando una declaración institucional profética contra los ricos y poderosos (como si creyeran en Jesús y su Evangelio), ¿no?
 Pues no: se equivocan, señores: los obispos, calladitos y felices con su derecha gubernamental, están preocupados por la sentencia del TC que desestimaba el recurso homófobo del PP, tan bendecido por los purpuirados prque sintoniza de lleno con su discurso y su in-sensibilidad.
Los obispos no se resignan, ni siquiera tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. El pasado 8 de noviembre lo advirtieron en un comunicado y hoy (19 de noviembre) lo ha reiterado el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rouco Varela, en un discurso pronunciado ante la Asamblea Plenaria del episcopado.
"La actual legislación sobre el matrimonio es gravemente injusta, porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad". "Por eso es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio", ha señalado Rouco.
El cardenal ha anunciado también una ofensiva doctrinal para dar a conocer la postura de la Iglesia católica al respecto en parroquias, colegios y lugares de actividad apostólica, mediante la difusión de la instrucción "La verdad del amor humano", elaborado recientemente por la Conferencia Episcopal. (Esta información ha sido extraída de prensa).
 Dicha instrucción (adjunta) es explicada con brevedad en el documento "Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar" (también os lo adjunto).

Lo preocupante de todo esto es que desde la educación pública (y no sólo dentro de las parroquias) el profesorado de religión católica difundirá entre los alumnos una posición contraria a una norma avalada por nuestra participación democrática y bendecida por el TC.
La iglesia (sí con minúscula, no es una errata),como le peor de las sectas, siempre obsesionada con las mismas idioteces, en vez de luchar por los derechos humanos y por defender a los que no tienen quien les defienda. Claro que para ello tendrían que creer en Jesús, lo que es mucho decir. 
¿Se imaginan a Cristo preocupado con estas monsergas, cuano no damos abasto ante tanto dolor humano? Pues en eso se distraen sus "sucesores en la Tierra".
Con la que está cayendo.

Gracias, Presidente Correa.

 Empiezo el día emocionado escuchando al presidente ecuatoriano Rafael Correa en su discurso en la XII Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Lo sentí hablando en nuestro nombre, en el nombre del pueblo español. En Cádiz, reclamando recuperar el espíritu de aquella constitución de hace 200 años, dijo ante el rey y el presidente del gobierno lo que muchos queremos que oigan y no escuchan. Que las políticas de ajuste y recortes son parte del problema y no la solución, que agravan la crisis de las personas y mejoran el balance de los bancos, que la dación en pago es necesaria por ley y que es injusto e irrazonable que una familia se quede sin casa y mantenga su deuda con el banco, que la ética dice que en los préstamos el riesgo lo asumen los bancos y que si ellos valoraron la casa en una cantidad al conceder una hipoteca, es esa cantidad la que debe regir en caso de desahucio por impago.

(Esteban de Manuel. Partido político EQUO)

Firma contra la ley Wert de educación


  • Preámbulo de la LOE (2006):  “Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de cono­cimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi­mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri­minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece­saria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada­nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza­das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu­cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
  • Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert): “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”
¿Encuentras alguna diferencia?
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SE AGRADECE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN.
 
Desde Ciudadan@s por la Educación Pública acabamos de abrir una página en Change para recoger firmas contra la Ley Wert. Pedimos la retirada del anteproyecto y la apertura de un verdadero diálogo con la comunidad educativa. 
Si os parece oportuno, firmad y difundid. Quisiéramos llegar al medio millón de firmas, así que tenemos que echar el resto.
Ánimo y resistencia___



18 de noviembre de 2012

La Iglesia de Sevilla sale a la calle

Monseñor Asenjo, obispo de Sevilla, ha salido a la calle.

¿A protestar proféticamente contra los recortes, por el sufrimiento de tantas personas, contra los desahucios, contra los beneficios de la banca mientars millones de familia están en el paro, contra la represión de la violencia policial? En una palabra: ¿contra la política del gobierno del PP?

No, hombre, no. ¿Cómo va a ser eso? Ha salido para hacer acto de presencia en la muestra y las exposiciones sobre santos y beatos, y de la bibli. ¿Qué se creían vds?

17 de noviembre de 2012

España, eurocampeona de los desahucios.



        

Ha estallado el dolor y la vergüenza  de quienes, finalmente, se reconocen humanos, solidarios con quienes padecen  inmerecida desigualdad e intolerable injusticia. 

Jueces y políticos –aún no lo banqueros , empresarios ni financieros- que lo sabían mejor que nadie, no han podido callar, o mejor taparse la cara ante el clamor de la sociedad, y han decidido acometer reformas y propuestas. 

Ha sido la prueba más lacerante  de la ausencia, lejanía e insensibilidad de la  sociedad a la que debían servir. De espaldas, pasivos, meros espectadores, con miedo, metidos en  problemas internos, dentro de un nivel de vida más que confortable.

 ¡Demasiado tarde!, para remediar y olvidar esa montaña de amargura y desespero de miles y miles de vidas humanas, levantada sobre más de 400.000 desalojos. ¿Demasiado tarde?

En julio de 2012

        Hay cosas que ni siquiera la deformación, la  modorra ni la alienación a que  nos hemos sometido en el  sistema neoliberal  las pueden  explicar ni justificar.  No entiendo cómo una sociedad desarrollada, - la cuarta economía de la zona del euro- con bienes,  leyes y mecanismos  para que ninguno de sus ciudadanos  deje de  satisfacer  sus derechos fundamentales, permite que  puedan darse en ella las cruces  sangrientas y deplorables  de los desahucios. Y, según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, lo van a sufrir en los cinco próximos años, más de 350.000 familias.

        No lo entiendo. Y, a propósito de ellos, se me cuartean todas las paredes humanistas, cristianas, jurídicas y políticas de nuestra democracia. 
 Lo que ocurre con los desahucios es un crimen de humanidad, de impiedad absoluta, que debiera avegonzarnos a todos. Y que se puedan llevar a cabo  a la luz pública,  exhibiendo  prescripciones y órdenes legales,  con anuencia de jueces, notarios y empresarios  y con ejecución impávida de polícias, dejando en la calle, sin casa, a familias enteras, me parece no sólo abominable sino contradictorio con todos los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  de nuestra Constitución y de nuestra omnipresente Fe católica.

        No se precisa ser occidental ni cristiano para aseverar que la vida de todo ser humano es sagrada, “homo homini res sacra”, y que –lo repetimos todos- la vida de un solo ser humano vale más que el oro del todo el mundo. Las cosas materiales están en otro plano,  son medios y mercancías que se pueden comprar o vender, tienen precio. Pero el ser humano está por encima, en otro plano,  que lo constituye en fín y no en  medio, con  valor ilimitado, no canjeable por nada.

        En esta sociedad, de ricos y pobres, de una minoría que vive opulentamente y goza de monopolios y privilegios, de una gran clase media que vive bien y con un grado alto de prosperidad y bienestar, y de una mayor clase trabajadora que trabaja las mismas horas pero con sueldos muy inferiores, y con una gran clase pobre, que aun queriendo trabajar, no lo logra y se encuentra  necesitada, desatendida, marginada, angustiada,… en esta sociedad,  los principios ético- racionales y espiritual- religiosos, que  debieran regir y ordenar solidariamente nuestra convivencia, no funcionan, se muestran  impotentes y estériles ante los desahucios. 

Y eso significa que nuestra cultura está deshumanizada, pervertida,  instalada en la hipocresía.  Éticamente, legalmente y políticamente estos casos no debieran darse,  no debieran tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico-político. Es lo que, con meridiana claridad, se desprende de todas las leyes que nos hemos dado:

1.Declaración universal de los Derechos Humanos

-  “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declararación (Art. 2). En concreto, 

-“Todos son igual ante la ley, y tienen,  sin distinción, derecho a igual protección de  la ley” (Art. 7). 

- “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los recursos del  Estado y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (Art. 22). 

-“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa  y satisfatoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Art. 23). 

Toda persona tiene derecho  a un nivel de vida adecuado que le asegure , así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Art. 25). 

2. La Constitución Española

        La Constitución Española ya en  el Preámbulo declara que “La Nación española desea proteger a todos los españoles  en el ejercicio de los derechos humanos”, para lo cual, reconociendo que “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Cap. II, Art. 14),  encomienda a los Poderes públicos “Promover las condiciones para que  la libertad y la igualdad sean reales y efectivos” (Tít. Preliminar, Art.9); entre esas condiciones están las de garantizar  “El derecho al trabajo  y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Cap. II, Art. 35), “Promover una distribución regional y personal más equitativa” (Cap. II,  Art. 40), y “Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho de todos los españoles  a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (Cap. II, Art. 47).
 
3. Una nación orgullosa de ser mayoritariamente católica 

        La fe católica ha configurado de arriba abajo la sociedad española en  instituciones y costumbres. No hay ámbito o dimensión  de su historia que no lleve su huella. Pero, con todo derecho, sin negar  lo que representa esa presencia y desarrollo históricos, confrontamos  la vida pública de esta sociedad  mayoritariamente católica, con los postulados del Evangelio. Y la confrontamos con el hecho concreto de los  desahucios, que la impugnan y clamorosamente  la han cuestionado el 29 de junio en la catedral de la Almudena de Madrid. 

        Que un grupo de desahuciados, asistidos y  apoyados por la PAH-Madrid,- Plataforma de los Afectados por la Hipoteca-, eligieran la catedral como lugar para formular su protesta, denunciar los desahucios   y asegurar  una negociación de cara a unos derechos suyos en juego, no es ningún desatino, ningún delito y, por supuesto, nada que tenga que  ver con la profanación del templo. 

        Al respaldo de  las leyes en este caso, se suma la inequívoca y luminosa  fuerza del mensaje de Jesús: El templo verdadero que hay que respetar y en el que se reconoce a Dios es la persona humana, que está por encima del templo material. Toda la línea profética, realzada por el Nazareno,  destaca este particular: el culto es valioso, pero en cuanto expresión y ratificación de la justicia, de la verdad y del amor. Un culto que no lleve esa marca, le resulta a Dios nauseabundo y aborrecible.

        Los desahuciados son un caso respecialmente vivo y concreto de los  preferidos de Jesús de Nazaret. Nuestra Sociedad Democrática,  con nuestro Estado de Derecho y nuestra Jeraquía  eclesiástica, fiel a Jesús,  lo menos que pueden hacer es salir el encuentro de esos dramas, escucharlos, atenderlos y tratar de solucionarlos con los responsables

De no hacerlo, trastocamos el orden más humano,  el sentido común y los valores básicos de la Etica y del Evangelio.  Para rodeos ante los vulnerables, asaltados y caídos ya hicieron bastante los levitas y sacerdotes de Jerusalén, que pasaron de largo para irse al templo. Jesús ensalzó al buen samaritano (despreciado, de segundo orden, poco ortodoxo) que tuvo corazón y supo recomponer  una existencia maltrecha. 

Si hay dinero para los que se han enriquecido malamente a base de engañar y  robar, - se les ha ellos- repuesto miles de millones de euros sin  procesar a uno solo de debe haberlo para los que con trabajo o sin él,   con dificultades y apuros extremos procuran pagar y no llegan. Alancearlos legalmente y echarlos a la calle, es una canallada. Nuestro Estado Democrátíco y de Derecho legisla mil veces y con mil avisos para que esto no ocurra y, si llega el caso,  se le busque solución humana adecuada. Aplicar a ojos ciegas la ley  es hacer sabio el dicho de que “¡Summun ius, summa iniuria!”, ¡Supremo derecho, suprema injuria!  

Ciertamente, esto sólo ocurre en la jungla de nuestras urbes, donde la relación humana directa, el valor de cada uno de nosotros  como persona y como hermano, prójimos solidarios,  se ha diluido o deglutido.

Aquí, sólo cuenta el negocio propio, el triunfo personal, sacar a flote el máximo beneficio, aún a costa del sufrimiento y acaso muerte de no pocos. Y, no sólo  financieros y gestores públicos, sino muchos ciudadanos hemos entrado en la dinámica de la especulación  alquilando o comprando pisos para venderlos luego  al poco tiempo por el doble o más.

Se dice pronto, pero es para pensar a dónde nos ha llevado esta furia neoliberal consumista, que compagina grados insultantes de lujo con casos extremos de necesidad y miseria, derechos pisoteados con privilegios  intolerables,  sin que seamos capaces –ni lo sean nuestros Gobiernos como es su deber- de decretar soluciones acabando con la surrealista cifra de seis millones de pisos vacíos frente a miles de personas y familias a las que se les cierra la posibilidad de una vivienda digna, conforme a su situación, trabajo y derechos.

Necesitamos una mentalidad nueva, un compartir más y un acumular menos, una Administración nueva y una Política nueva. Eso, y no el progreso desigual, individualmente endiosado, es lo que nos hace una nación digna, grande, democrática, humanista y cristiana de verdad. 

(Benjamín Forcano, Teólogo y sacerdote expulsado de su orden a instancias del actual papa, Benedicto XVI)

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