25 de enero de 2007

La salud en las cárceles

Tras una convulsa semana acerca de la salud del preso De Juana Chaos, sanguinario terrorista de ETA, queremos hacernos eco del informe que, el día 1 de diciembre, día mundial del SIDA, sacaron las asociaciones ENLACE y Pro-Derechos Humanos de Andalucía sobre el sida en prisión en 2006.

Según este informe, en las cárceles españolas había 64.369 personas privadas de libertad el 24 de noviembre de 2006. De éstas, unos 48.000 tienen problemas con las drogas, más de 16.000 tienen problemas psicopatológicos, más de 3.000 padecen tuberculosis, más de 26.000 tienen hepatitis y casi 12.000 tienen VIH, de los cuales unos 2.700 padecen SIDA.

Sin embargo, pocas voces se escuchan reclamando la excarcelación de los presos con SIDA o hepatitis.

Podríamos suponer, a través de la información que nos dan con el etarra De Juana, que en cuanto se pone malo todo preso tiene acceso al sistema público de salud.

Nada más lejos de la realidad, el informe denuncia que la salud penitenciaria está aislada de los sistemas públicos salud, dependiendo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de manera que los médicos son funcionarios que se ven limitados al depender del Ministerio del Interior, teniendo que obedecer a un superior jerárquico que no es sanitario.


Además en prisión sólo existen equipos de atención primaria y cuando un preso necesita un especialista tiene que esperar hasta dos años a que haya efectivos de seguridad que puedan trasladarle a un especialista de la red pública.

A esto se suma el hacinamiento de las cárceles españolas. Sorprende un dato: España tiene un índice de criminalidad 20 puntos por debajo de la media europea, sin embargo su población penitenciaria es la más alta de europa (140 por cada 100.000 habitantes). Hemos pasado de 22.396 presos en 1985 a 64.369 en 2006.

Con estos datos hacemos las siguientes consideraciones:

  • Nos parece desmedida la preocupación por la salud del terrorista De Juana y las exigencias de que, por razones humanitarias, se le excarcele o se le permita vivir su "enfermedad" en su casa. Contrasta excesivamente con la absoluta despreocupación por la situación de tantísimos presos que son las verdaderas víctimas del sistema carcelario español. ¿Cuántos presos se mueren de SIDA en las cárceles sin poder ir a su casa? ¿Cuántos ven agravada su enfermedad gravemente antes de poder ir al especialista?
  • Nos parece muy preocupante cómo se ha llegado a esta situación con el citado asesino. De Juana cumplió por sus 25 asesinatos 19 años de cárcel. Fue una sentencia justa vista desde el código penal del 73 y comparada con los juicios de la época, aunque son menos años de los que le hubieran caído con el actual código penal. No teniendo excarcelados que poder hecharle en cara la prensa cercana al PP, la que siempre anteponía el adjetivo "mal-llamado" al proceso de paz, pusieron el grito en el cielo por la inmediata puesta en libertad de este individuo. Presionaron al Gobierno y al poder judicial a través de la población y de las víctimas y consiguieron que le condenaran a ¡12 años de carcel! por dos vomitivos artículos de opinión. Pena injusta si se compara con delitos parecidos. Aquí está el germen de este problema. Y esto, la facilidad con la que los medios y la opinión pública presionaron a los jueces, nos alarma, nos preocupa y nos hace pensar dónde queda la seguridad jurídica.

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