Antonio Aguilera NPico a Viento
Dicho así, parece un quejío muy flamenco. Y eso, es lo que he sentido, un quejío, cuando he escuchado la noticia en boca de nuestro presidente en pleno mes de agosto.
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de hoy, el presidente ha anunciado, las medidas para luchar contra el “frenazo económico”, y, entre ellas, así, dicha entre otras, y, como muy de carretilla, ha notificado que, el gobierno, se establece como objetivo, que, los Estudios de Impacto Ambiental se resuelvan en un plazo máximo de 180 días.
Con esta medida se van a agilizar los trámites y plazos, y lograr que, la inversión en obra civil aumente considerablemente en los próximos meses, gracias a la eliminación del importante obstáculo que era en numerosos ocasiones, demostrar que la obra a acometer no atentaba contra el entorno natural. Se logra así, inyectar actividad a corto plazo al PIB, parece ser, la única variable que importa al gobierno para salvar los muebles.
Actualmente, los EIA, tienen que objetivo el amortiguar el impacto que las importantes obras que se acometen tienen sobre zonas sensibles e importantes de nuestra naturaleza, realizando estudios, seguimientos, análisis, informes que, remodelan el proyecto inicial para lograr hacerlo más respetuoso con el entorno.
Hoy en día, los EIA, tienen un plazo medio de resolución de 760 días, es decir, el gobierno quiere reducirlo más de cuatro veces. Y, ya actualmente, con, la dificultad de acceso a la información, los extensos y complejos informes, la necesidad de respetar los ciclos naturales, los plazos necesarios de consulta e investigación; muchas entidades y personas tienen una lucha encarnizada con el crono para lograr plantear propuestas alternativas en los EIA, y lograr, con ello, cumplir el propósito de los mismos.
Con esta medida, el gobierno favorece a las constructoras, abriéndoles la puerta a proyectos que hasta hoy mismo casi no se atrevían a acometer, y a sí mismo, logrando mejorar las cifras macro; pero a nadie más, al contrario, desvirtúa y deja sin contenido a una importante herramienta de conservación y defensa de nuestro patrimonio natural que están usando con muchísimo sentido muchas entidades en defensa del medioambiente. El trámite de obtener el EIA se va a convertir en un paseo hacia el beneficio empresarial, y va a dejar a las entidades conservacionistas sin capacidad de reacción ni respuesta, ni queja, ni denuncia ante los atropellos que se avecinan.
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de hoy, el presidente ha anunciado, las medidas para luchar contra el “frenazo económico”, y, entre ellas, así, dicha entre otras, y, como muy de carretilla, ha notificado que, el gobierno, se establece como objetivo, que, los Estudios de Impacto Ambiental se resuelvan en un plazo máximo de 180 días.
Con esta medida se van a agilizar los trámites y plazos, y lograr que, la inversión en obra civil aumente considerablemente en los próximos meses, gracias a la eliminación del importante obstáculo que era en numerosos ocasiones, demostrar que la obra a acometer no atentaba contra el entorno natural. Se logra así, inyectar actividad a corto plazo al PIB, parece ser, la única variable que importa al gobierno para salvar los muebles.
Actualmente, los EIA, tienen que objetivo el amortiguar el impacto que las importantes obras que se acometen tienen sobre zonas sensibles e importantes de nuestra naturaleza, realizando estudios, seguimientos, análisis, informes que, remodelan el proyecto inicial para lograr hacerlo más respetuoso con el entorno.
Hoy en día, los EIA, tienen un plazo medio de resolución de 760 días, es decir, el gobierno quiere reducirlo más de cuatro veces. Y, ya actualmente, con, la dificultad de acceso a la información, los extensos y complejos informes, la necesidad de respetar los ciclos naturales, los plazos necesarios de consulta e investigación; muchas entidades y personas tienen una lucha encarnizada con el crono para lograr plantear propuestas alternativas en los EIA, y lograr, con ello, cumplir el propósito de los mismos.
Con esta medida, el gobierno favorece a las constructoras, abriéndoles la puerta a proyectos que hasta hoy mismo casi no se atrevían a acometer, y a sí mismo, logrando mejorar las cifras macro; pero a nadie más, al contrario, desvirtúa y deja sin contenido a una importante herramienta de conservación y defensa de nuestro patrimonio natural que están usando con muchísimo sentido muchas entidades en defensa del medioambiente. El trámite de obtener el EIA se va a convertir en un paseo hacia el beneficio empresarial, y va a dejar a las entidades conservacionistas sin capacidad de reacción ni respuesta, ni queja, ni denuncia ante los atropellos que se avecinan.
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