Tremenda injusticia en Bolivia

El Gobierno del Estado soberano de Bolivia, elegido recientemente y de forma democrática en las urnas, ha nacionalizado su gas y su petróleo. El escándalo internacional y específicamente el español han sido inmediatos. La palabra más repetida y reclamada estos días es “seguridad jurídica”.

Debe ser la nueva forma de denominar a la estrategia que se desarrolla desde hace varios años con diversos nombres y actores (el más conocido, el Acuerdo Multilateral de Inversiones-AMI por parte de la OCDE, derrotado gracias a la denuncia pública de ONGs y movimientos sociales, pero renovado en otros foros – especialmente en las negociaciones del ALCA y en la expansión de la OMC a través de los “Nuevas Temas”) por parte de las compañías transnacionales para conseguir que los Estados no puedan poner ningún límite u obstáculo (legal, social, medioambiental…) a sus actividades.

Es la globalización realmente existente. La reacción de España es aún más sangrante, hablándose de paralizar la cooperación al desarrollo o la condonación de deuda externa: políticas de solidaridad internacional frente a intereses de las multinacionales. Como siempre la conclusión de Forges con sus blasillos es definitiva: “-Lo de Bolivia no tiene nombre. -¿Lo del petróleo?.- No: lo de los 6 millones de pobres.” Amen.