El derecho a morir dignamente

Una mujer granadina, Inmaculada Echevarría, con distrofia muscular progresiva e irreversible, ha solicitado al personal médico que le desenchufen el respirador artificial que la mantiene con vida, convirtiéndose así en noticia en casi todos los diarios del país.

Este hecho rescata un debate que empieza a abrirse paso cada vez más en nuestra sociedad: el derecho a morir dignamente. No es el primer caso ni será el último.

Desde esta tribuna queremos comentar dos cuestiones: en primer lugar, afirmamos que no se trata técnicamente (como se obstina en insistir la conferencia episcopal española) de un caso de eutanasia, sino de antidistanasia. En el primer caso (con muchos flecos para la discusión ética y política aún) se requiere de otra persona que administre algún compuesto letal (algo así como un suicidio asistido). Pero en el segundo caso, se trata simplemente de no querer seguir recibiendo los recursos tecnológicos y médicos que mantienen con vida a un paciente con una enfermedad terminal.

Política y jurídicamente, la cuestión no reviste ningún tipo de problema (como ocurriría igualmente, por ejemplo, con un paciente de cáncer que no quisiese seguir recibiendo el tratamiento quimioterapéutico). Pero es que, desde el punto de vista moral, tampoco, como afirman repetidamente la inmensa mayoría de moralistas de garantía. Pero, una vez más, se opone la Iglesia. Y esto nos lleva a la segunda cuestión que queríamos comentar.

Varios portavoces de la conferencia episcopal española han alzado la voz, negándose a admitir la justa reivindicación de Doña Inmaculada. Argumentan,de forma claramente equivocada y tergiversando los términos, que se trata de un caso de eutanasia. En esta reacción llaman la atención tres cosas:

En primer lugar, no deja de ser curioso que el episcopado apele a "no negarse a los avances médicos para mantener la vida" cuando los obispos se han negado siempre y sistemáticamente a dichos avances, aplicados a la investigación biogenética, con el fin de luchar contra la enfermedad. Una vez más, el doble discurso. Según ellos,es antinatural investigar con células madre (sin que sepamos,por lo demás, a qué antropología se acogen para mantener su concepto de "naturaleza humana") pero no es antinatural lo que se observa claramente que es "encarnizamiento terapéutico".

En segundo lugar, se obstinan en hacer prevalecer una determinada interpretación de sus creencias religiosas (que no comparte una mayoría de sus mismos fieles), cuando, en un Estado de Derecho Laico, ha de ser el "contrato social" el que defina la concreción de los Derechos Humanos,y no la creencia religiosa de una confesión (ni siquiera compartida ni aceptada por muchos de sus fieles).

Y en tercer lugar, vuelven a la carga (con un pretendido afán profético que,por lo demás, echamos de menos cuando se trata de denunciar, verbigracia, al neoliberalismo que condena al hambre a poblaciones enteras, o las guerras infames imperialistas), queriendo influir en las instituciones políticas que, ya por fortuna, son independientes del poder eclesial. Esta denostada institución sigue dándole la espalda a las ciencias humanas, aunque ello signifique atentar claramente contra la dignidad y los derechos humanos ( como se oponen al anticonceptivo en continentes donde el sida causa estragos y se obstinan, en el caso de Inmaculada Echevarría, en que ésta padezca el encarnizamiento terapéutico porque siguen queriendo imponer sus creencias, como si aún estuviésemos en el Medievo).

Y es que, como diría Don Quijote, "con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho".