La degradación de la lucha armada en Colombia

Las deplorables condiciones de vida de la mayoría de la población, la profunda desigualdad, así como la anulación violenta de cualquier movimiento político de carácter social, crearon las condiciones necesarias para que diversos grupos organizados optaran por la lucha armada soñando con un país más justo.

Animadas por el éxito de la revolución cubana y alineadas al bloque socialista durante la guerra fría, las guerrillas lograron sobrevivir al colapso de la Unión Soviética y continúan hoy, más de 40 años después, obstinadas en la toma militar del poder, algo que para la mayoría de los analistas está totalmente descartado. En la década de los 90 se desmovilizaron algunos grupos insurgentes, pero las FARC y el ELN, las dos principales guerrillas, siguen activas; los intentos de negociación han fracasado porque desde el Estado se ha pretendido alcanzar la paz sin recortar privilegios a las clases dominantes y la guerrilla ha querido dialogar sin parar la guerra. Con el actual Gobierno, las posibilidades son aún más remotas ya que no reconoce la existencia del conflicto sino que tacha de “terroristas” a los alzados en armas.

A lo largo de las últimas décadas, las guerrillas han visto disminuir su apoyo popular debido, principalmente, a las graves violaciones al derecho internacional humanitario que han cometido. La Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia denuncia, año tras año, a las guerrillas –principalmente a las FARC- como autoras de homicidios, masacres, desplazamiento forzado, ataques a la misión médica, uso de minas antipersona o del reclutamiento, muchas veces forzado, de menores como combatientes. La utilización desde principios de los años 80 de recursos obtenidos del negocio del narcotráfico confirma que las FARC han decidido emplear todos lo medios a su alcance para conseguir sus objetivos, incluso aquellos que van contra el tipo de sociedad que supuestamente promueven.

Caso aparte merece, por el gran impacto que genera en la sociedad colombiana la utilización del secuestro con fines políticos o lucrativos. Es difícil saberlo con exactitud, pero en la actualidad, los secuestrados deben ser unos 200, entre ellos, una candidata presidencial y decenas de miembros de las fuerzas públicas, algunas con casi diez años de reclusión en las selvas y montañas colombianas.