Los jueces contra la igualdad de género

Un juez de la sala 14 La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo de Sevilla del TSJA ha dado la razón a los cinco padres que presentaron un recurso contra la asignatura EpC ("Educación para la Cudadanía"). La sentencia dispone que "se puede seguir impartiendo la asignatura" (el juez nos da permiso) pero eliminando del currículum tres puntos: el relativo a la homosexualidad, el de la ideología de género (!!!!) y el de las opciones vitales.

Es decir, que según el juez, no podemos educar a nuestros jóvenes contra la homofobia (y debemos ocultar que vivimos en una sociedad en la que conviven distintas tendencias sexuales - como si eso fuera exclusivo de la actualidad -), que debemos seguir siendo cómplices del machismo español (y no debemos educar en la igualdad de derechos mujer-hombre ni contra la violencia de género) y debemos omitir que la persona se realiza y construye a sí misma decidiendo su proyecto de vida (no vaya a ser que caigan en la cuenta de que existen otros proyectos, además del que pretende imponer el episcopado).

Y digo episcopado porque el juez de la sala 14 (que fue la misma que le dio la razón al colegio concertado Altair, que se niega a admitir niñas con el dinero de los contribuyentes) es del Opus. Luego, una vez más, está la sinrazón "catolicoide" detrás de esta nueva jugada sucia. Y todos sabemos el papel preferente que juega el Opus Dei en la organización de la Iglesia.

Curiosamente, queda mostrada la hipocresía de dichos "recurrentes": son los mismos que se rasgaban las vestiduras cuando algún profesor pidió (por creencias personales) que no se pusiera un belén en el colegio público en el que trabajaba. Ahí no valían sus motivos de creencias personales.

Aquí, como podrá suponer el lector, confluyen varios temas de enorme importancia: el papel de la escuela en la formación de los ciudadanos (por extensión, el papel del Estado), el debate sobre si éste debe educar en valores o no, el conflico entre las creencias personales y la intromisión de las mismas en las instituciones (jueces, en este caso) y, como no podía ser de otro modo, el eternamente aplazado debate sobre el laicismo. Son tantas cuestiones que nos resulta imposible abordarlas todas en un solo artículo (aunque volveremos a estos temas).

Respecto a los valores que el juez nos prohíbe a los educadores enseñar, cabe preguntarse qué interés tiene el Opus por negarles derechos a los homosexuales, por seguir apoyando el horrendo machismo existente aún y por impedir a la gente elegir sus propias opciones vitales personales. Habría que preguntárselo a ellos.

En cualquier caso, conviene señalar que los "temas prohibidos" son los que tanto preocupaban a los obispos (tanto que se pusieron en la calle en tres ocasiones, al menos), que el cabecilla de los cinco recurrentes es un famoso militante del PP; y que el juez es del Opus. ¿Hay todavía quien no ve evidente la conexión?

Pero, para mí, el mal endémico de fondo es la falta de delimitación clara entre las obligaciones de todo juez de aplicar la ley (y de sentenciar según la misma, y no según sus concepciones religiosas sesgadas y propias del pensamiento mágico) y las creencias personales. Pues si el juez alega algo así como "motivos de conciencia" para saltarse la ley a la torera (como se la saltaron en el caso del colegio Altair, sentenciando contra el mismísimo artículo 14 de la Constitución, que prohibe, en el acceso a la escuela, discriminación por razones de sexo), entonces, por la misma razón, los profesores que estemos contra la homofobia, contra el machismo y contra la imposición doctrinaria de opciones vitales, también podremos seguir dando esos temas, por "motivos de conciencia".

Y es que la "objeción de conciencia" (derecho al favor del cual, naturalmente, estamos) se está convirtiendo en un cajón de sastre en que metemos todas nuestras sinrazones y nuestros rictus antidemocráticos. ¿Que el "contrato social" (por vía del Parlamento) acuerda algo que no admite mi cura o mi obispo de turno? Pues nada: me acojo al derecho de Objeción de conciencia y me permito el lujo de incumplir la ley, o de sentenciar contra la misma.

Ya lo decíamos en otra reflexión en esta página: esta fractura antidemocrática abre un camino altamente peligroso, pues ¿dónde está el límite del derecho de los padres a decidir los programas y los contenidos de los estudios para la nación? ¿Y quién pone dichos límites: los obispos, en lugar del Parlamento? ¿Y quién decide los criterios para decidir dichos límites) ¿Un juez del Opus?

¿Qué pasa ahora si yo, como padre, me niego (en conciencia) a que a mis hijos les enseñes las reglas económicas del juego capitalista? ¿O me niego a que les enseñen a mis hijos la guerra civil española? ¿ Y si me niego a que en la clase de mis hijos haya un retrato del Rey (por motivos de conciencia, por supuesto)? ¿Por qué los tics machistas y homófobos de algunos van a ser más importantes que los míos republicanos? Insisto: si no aceptamos el Parlamento, ¿qué añoramos entonces: la época en que el Papa era el emperador "por directo designio divino"? Desde luego, parece claro que a más de uno le encantaría que volviésemos a la Edad Media.

Pero, en fin, seamos optimistas y busquemos el lado bueno de la situación a que, de nuevo, nos aboca la Iglesia: es de suponer que los profesores reaccionarios obedecerán la ley (si no prospera el lógico recurso que va a interponer la Junta de Andalucía) y no hablarán de esos temas (con lo que ganamos muchísimo, pues dejarían de lanzarse mensajes homófobos y machistas desde el aula). Y es de suponer también que los profesores normales (aquéllos que por dignidad no permitirán que el juez del Opus ni Rouco metan sus narices en su clase ni en su "libertad de cátedra") seguirán educando para una sociedad civilizada. ¿Qué va a hacer el Opus: meter detectives en todos los institutos para vigilar y controlar a los profesores de EpC, por si dicen que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos? Yo, desde luego, lo tengo clarísimo.

¡Ay, si tuviésemos un gobierno de izquierdas de verdad y plantease, ya de una vez (como si estuviésemos en el siglo XXI), la separación Iglesia-Estado! Se podrían anular de oficio todas las barrabasadas en las que las creencias medievales de algunos se saltan a a la torera los cimientos mismos de nuestro Estado democrático. Pero para eso haría falta un gobierno de izquierdas. Y se ve que Europa, desde luego, no va por ahí. Y Zapatero tampoco.