Grave crisis humanitaria en Colombia

Colombia sigue sufriendo una grave crisis humanitaria. Aunque en los últimos años la tasa de homicidios ha tenido una significativa reducción, el registro de la violencia causada por razones sociales o políticas sigue siendo extremadamente alto. En los primeros cuatro años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se registraron más de 11.000 personas asesinadas o desaparecidas fuera de combate (es decir, en su casa, en la calle o en el trabajo) por las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública; esto significa que hubo siete asesinatos o desapariciones por motivos sociopolíticos por día. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico, la responsabilidad del 74,5 % de las muestes y desapariciones fuera de combate es atribuible al Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 12,1% de las víctimas (752 víctimas); y por la tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares, el 62,4 % (3887 víctimas); las guerrillas habrían sido autoras del 25,5% de las víctimas (1588).

Además, en estos años fueron desplazadas de sus hogares más de un millón de personas; en las últimas dos décadas la cifra casi alcanza los cuatro millones, convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo en cantidad de desplazados, después de Sudán. A estas familias les han sido arrebatadas entre 4 y 5 millones de hectáreas y ahora se ven obligadas a vivir hacinadas en los barrios marginales de las grandes ciudades.

En el mismo periodo, 336 sindicalistas fueron asesinados y, por lo menos, 168 defensores de los derechos humanos fueron ejecutados o desaparecidos. Además, 6912 personas fueron detenidas arbitrariamente con base en acusaciones falsas de reinsertados e informantes a los cuales se les pagan recompensas por los servicios prestados. Pero esta sangría también alcanza a familiares de las víctimas, que han sido asesinados sólo por presentarse a declarar en la fiscalía en contra de los paramilitares.

Estos son los hechos de la seguridad democrática, que sigue estigmatizando la legítima actividad de la promoción y protección de los derechos humanos, y que no tiene en cuenta el importante trabajo de las organizaciones sociales y de los movimientos de paz que existen en Colombia. En su resistencia y en su afán por construir una sociedad más justa y democráticas reside una parte de las esperanza del país, del pueblo colombiano.