Una nueva política hacia Colombia

Colombia representa una oportunidad para la Unión Europea de mostrar una política exterior que apuesta por el desarrollo y la defensa activa de los derechos humanos como método idóneo para desactivar los conflictos. Los países europeos figuran entre los mayores donantes de ayuda a esta nación y se han implicado en muchas negociaciones de paz entre los grupos armados y el Gobierno colombiano. Sin embargo, el conflicto social y armado perdura. Por eso es necesario abordar el problema con un enfoque distinto al plantearlo hasta ahora, que se ha centrado en la búsqueda del cese del fuego (la ausencia de guerra no significa el fin del conflicto) y en la aportación de recursos materiales que únicamente permiten el desarrollo sostenible se llegan a quienes los necesitan y éstos pueden emplearlos libremente.

Frente al rotundo fracaso de la política belicista de Estados Unidos en Irak, la UE puede adquirir un nuevo protagonismo en la escena internacional y poner en práctica en Colombia un modelo radicalmente distinto, que aborde no sólo las consecuencias sino prioritariamente las causas profundas del conflicto y que tenga como meta alcanzar el pleno desarrollo del Estado de Derecho en el país. Colombia necesita reformas profundas de su estructura socioeconómica y política si pretende avanzar hacia la estabilidad y eso supone luchar contra la desigualdad social y la inequidad en la distribución de la riqueza, y abrir espacios para la participación política con garantías. Ante esta situación, la UE debe pasar de los pronunciamientos genéricos a las acciones concretas. En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los países europeos se encuentran en disposición de poder condicionar la ayuda a su estricto cumplimiento.

La UE debe exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones del Acuerdo de Londres del 10 de Junio de 2003. En aquella fecha se reunieron en la capital británica representantes de 24 gobiernos e instituciones intergubernamentales (incluida la UE, la ONU y Estados Unidos) con el Gobierno colombiano. Todos ratificaron un acuerdo por el que Colombia se comprometía a cumplir las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a introducir reformas económicas y sociales para que el resto de naciones mantuviera su apoyo a la búsqueda de la paz.