11 de junio de 2008

Impunidad en Colombia

Colombia sorprende por tener una de las Constituciones y marcos legales más avanzados del mundo. Los expertos afirman que las leyes colombianas están a la altura de las mejores del mundo. Y puede que sea cierto, como también lo es que se cumplen muy poco. Un 75% de los hechos violentos no son denunciados y de los que lo son, el 98% queda en la impunidad. No es de extrañar que la gente desconfíe de la justicia. Numerosas instancias internacionales de protección a los derechos humanos han reconocido que en Colombia la impunidad es estructural, particularmente en lo que se refiere a violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, en su visita a Colombia, afirmó que la impunidad “se observa en todas partes” y señaló que “el Estado será responsable de todas las violaciones de los derechos humanos que ocurran mientras no adopte medidas para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa y eficaz en el país”.

La primera evidencia de la impunidad es la distinta aplicación que se hace de las leyes según quien sea el acusado. Si se trata de miembros de la Fuerza Pública o de sus aliados, los paramilitares, los procesos se ralentizan, las pruebas desaparecen, se desacredita o elimina a los testigos y, en muchas ocasiones, la víctima acaba huyendo del país. Por el contrario, si se acusa a alguien del delito de rebelión, la ley se aplica con el máximo rigor hasta el punto de que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Además los procesos iniciados contra uniformados acaban con frecuencia en manos de la justicia militar.

Incluso el Fiscal General de la Nación hasta 2005, Luis Camilo Osorio, está siendo investigado por destituir a fiscales y concluir de forma irregular procesos abiertos en contra de altos mandos militares por sus nexos con los paramilitares. Cuando acabó su mandato, Osorio fue premiado por el presidente Uribe nombrándole embajador en Italia.

A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones colombianas, como la Corte Suprema y la Corte Constitucional, los casos denunciados se quedan en investigaciones preliminares y si avanzan, los jueces y abogados son amenazados o incluso asesinados. La falta de castigo es la causa principal de que la violencia se repita sin cesar.

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