Colombia: Una democracia formal

Colombia presume de ser una de las democracias más antiguas del continente americano. Ciertamente, a lo largo de la historia del país, las instituciones democráticas (división de poderes, elecciones…) se han mantenido, al menos formalmente. Esto es un hecho, pero también lo es que muchos datos evidencias que la consolidación de la democracia deja mucho que desear o incluso que subsisten prácticas autoritarias que invalidan los esfuerzos de los demócratas.

Diversos observadores electorales internacionales afirman que el sistema político colombiano muestra fragilidades estructurales muy graves. El actual vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, poco antes de que su partido ganara las elecciones en 2002, decía: “El congreso que vamos a elegir va a ser aún peor que el que ahora tenemos. Va a ser con algunas excepciones, un Congreso al servicio de los caciques políticos tradicionales, de los narcos y de los paramilitares”. Algunos de los jefes paramilitares llegaron a asegurar que controlaban el 35% del Congreso y los politólogos calculan que en 2003 conquistaron 250 alcaldías. Sin embargo, a pesar del reconocimiento oficial, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez no cambió la situación. En 2006 los paramilitares ampliaron su poder en el Congreso e influyeron en la reelección del actual presidente Uribe, según las denuncias de numerosas organizaciones políticas y sociales colombianas.

Así parece confirmarlo incluso la desprestigiada justicia colombiana que a finales de 2007 investigaba a 40 parlamentarios por su vinculación con los grupos paramilitares, de los cuales 17 estaban encarcelados. Este fenómeno, denominado como parapolítica, es la alianza de políticos y paramilitares como una forma perversa, sangrienta e inaceptable de acceder al poder en beneficio propio.

Otro de los aspectos sorprendentes del sistema político colombiano es la debilidad de los partidos. Aunque el escenario político estuvo dominado por liberales y conservadores hasta 2006, esos partidos nunca fueron concebidos como un instrumento al servicio de la ciudadanía, sino como empresas particulares de obtener beneficios. Estas prácticas aún persisten: en el periodo del Congreso 2002-2005, el 25% de los senadores y el 40% de los representantes cambiaron de partido político, a su vez, 25 alcaldes y 7 gobernadores fueron destituidos por malas prácticas.