La delegación de Sevilla de la Consejería de Educación, dando ejemplo de lo que debe ser una política de progreso, en favor de la mujer trabajadora y tal, ha despedido a seis profesoras interinas en estado de gestación.Al parecer las mujeres, tratadas como vulgares timadoras por la delegación, estaban embarazadas cuando fueron contratadas y, poco después seis médicos seis determinaron que sufrían riesgo de aborto y, en consecuencia, les dieron la baja. La administración ha entendido que los problemas eran previos a la fecha de contratación pero que los habían escondido y las han despedido por "mala fe".
Lo grave del caso es que no es la primera vez que la Junta de Andalucía se ve en una de estas, ya en el año 1999 y en el 2000 sendas sentencias de la Audiencia Navional y del TSJA dan la razón a la Administración. Pero una sentencia posterior (2001) del Tribunal Constitucional desampara a la Junta: “Tal posibilidad no resultará amparada si es ejercida con motivación torpe, o con abierta vulneración de derechos fundamentales, como tratos desfavorables basados en el embarazo, que al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo”, dijo el tribunal sentando jurisprudencia. Pero nuestro gobierno de progreso no se entera. ¡Viva la mujer trabajadora!
Lo grave de este asunto es que la propia Ley Andaluza de Igualdad dice en su artículo 29.3: “se considerará discriminación por sexo todo trato desfavorable a las mujeres, por embarazo o maternidad”. Lo cual deja a uno boquiabierto.
Al menos este año el 8 de marzo, día de la mujer, es jornada de reflexión. Así nos ahorraremos escuchar todo tipo de hipócritas discursos acerca de todo lo que nos preocupamos por la mujer trabajadora y cuánto hemos avanzado en Andalucía.
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